Foto: Cuba Noticias 360
Las autoridades cubanas han reportado un delito en el que están involucrados 30 ciudadanos cubanos, relacionados con el robo de 1,660 cajas de pollo (133 toneladas) que estaban destinadas a la canasta familiar normada.
Este incidente se llevó a cabo en la cámara 414 de la Empresa Comercializadora de Alimentos COPMAR, parte del grupo empresarial pesquero del Ministerio de la Industria Alimentaria.
Según un informe del Noticiero Nacional de la Televisión, la investigación interna se inició tras detectar una anomalía en la temperatura de la cámara durante la noche. Después de este hallazgo, se realizó un inventario exhaustivo que confirmó la falta de mercancía.
Si bien la investigación policial aún está en curso, el informe señala que “ya se tienen resultados preliminares; las acciones continúan para expandir la cadena delictiva y llevar a los implicados ante los tribunales”.
Entre los 30 involucrados se encuentra el director general de COPMAR, quien actualmente se encuentra detenido junto a otras 10 personas.
Las cámaras de seguridad registraron movimientos sospechosos de vehículos en los alrededores del lugar, así como manipulaciones en los sellos de seguridad que sugieren una posible infiltración interna.
Asimismo, varios empleados de la empresa, incluidos jefes de turno y custodios, están implicados en el caso. Se presume que todos formaban parte de la red delictiva que sustraía pollo para su venta ilegal en el mercado negro.
Durante la investigación, se constató que cada caja de pollo se vendía al por mayor a 3,800 pesos cubanos (CUP).
Además, según la prensa estatal, se llevaron a cabo registros domiciliarios de los imputados, que resultaron en la confiscación de bienes adquiridos ilegalmente, incluidos electrodomésticos y cerca de 3 millones de CUP en efectivo.
Por su parte, el Ministerio de la Industria Alimentaria ha asegurado que ha tomado medidas para garantizar una seguridad más estricta, poniendo mayor énfasis en la vigilancia interna para “proteger los recursos alimentarios del país”.
En este momento, las carpetas judiciales correspondientes al proceso legal están en manos de la Fiscalía General de la República, que ha prometido imponer “sentencias severas y ejemplarizantes” ante delitos de esta índole, considerando la crisis alimentaria que enfrenta la isla.
La fiscal del departamento de procesos penales en La Habana, Marta María González, indicó en el mencionado reporte que “con base en los resultados de la investigación, se podrían tipificar preliminarmente delitos de malversación, robo con fuerza, cohecho e incumplimiento del deber de preservar los bienes de entidades económicas o receptación”.
Considerando estos delitos, podrían solicitarse sanciones con penas de hasta 20 años de privación de libertad, dependiendo de las circunstancias agravantes y el grado de participación de cada implicado.
“En este caso, se tomará una decisión severa porque así lo amerita. La lesividad está presente, el hecho ha ocurrido, las consecuencias son graves, así como los perjuicios y el contexto histórico que vivimos hace necesario una decisión de esta naturaleza”, concluyó la abogada Marta María González.
