Fotos: RL Hevia
A partir del 1 de enero de 2025, Cuba implementará una nueva política para la comercialización de vehículos que abarca modificaciones en los procesos de transmisión de propiedad e importación. Esta decisión se produce en el contexto de una aguda crisis en el transporte público, provocada por la escasez de medios y combustible.
El ministro del transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, declaró que «no solucionará por sí sola el problema del transporte en Cuba, ni permitirá que cada cubano adquiera un automóvil con su salario de inmediato, ya que es necesario mejorar las condiciones de la economía», según informaron medios oficiales.
En este punto, tiene razón. Esta nueva política establece precios de compra de vehículos que pueden superar los 15,000 dólares estadounidenses, tomando como referencia un precio de proveedor de 10,000 USD en Cuba, incluido el flete y el seguro.
El gobierno, en su estrategia de retener divisas como «impulso para la economía», recaudará por los costos de importación, que incluirán aranceles, servicios de aduana, manipulación y traslado; además de hasta un 20% en la tasa de margen comercial, el precio de venta establecido por la comercializadora, y un porcentaje de impuesto especial según la gama o segmento del vehículo.
¿CUÁLES SON LAS NOVEDADES EN LA POLÍTICA?
Según lo que se estableció en la Gaceta Oficial, publicada este lunes por la noche, será posible importar como equipaje no acompañado de pasajero o envío ciclomotores y motocicletas de combustión interna o híbridas, con o sin sidecar, nuevas o de uso (hasta 10 años), de hasta 250 cc, así como triciclos eléctricos o híbridos con capacidad para más de dos plazas o de carga.
En todos estos casos, cada persona podrá importar solamente una unidad en un periodo de cinco años, y deberán abonar los aranceles en divisas convertibles.
Las personas que se encuentren en misiones en el extranjero podrán realizar importaciones directas, que incluyen remolques ligeros de hasta 750 kg y, una vez, un automóvil económico o de gama media, ya sea nuevo o de uso, con un máximo de 10 años desde su fabricación, pagando también los aranceles en divisas convertibles.
No obstante, deberán cumplir con el requisito de haber estado dos años en la misión de manera continua.
A partir de enero, «una MIPYME podrá transferir la propiedad de un vehículo de motor a una persona natural o viceversa. Asimismo, una organización no gubernamental podrá realizar la misma operación con una MIPYME o con una representación extranjera en Cuba y viceversa», indicó el ministro.
Esta política beneficiará a un número limitado de personas. Mientras el gobierno busca crear un «fondo para el desarrollo del transporte» con los fondos recaudados, a corto plazo, persistirán los graves problemas de infraestructura en el transporte de ómnibus urbanos y, en un escenario aún más complicado, rural.
