La Corte Penal Internacional (CPI) ha anunciado que extenderá hasta el próximo 16 de abril el plazo otorgado a las autoridades de Venezuela para que presenten un informe sobre las investigaciones que el gobierno ha iniciado en relación a presuntos crímenes de lesa humanidad.
El comunicado del fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, menciona que “en un espíritu de cooperación, diálogo y equidad, el Fiscal ha aceptado conceder a Venezuela una prórroga de tres meses, es decir, hasta el 16 de abril de 2022″ para que presente informes sobre su investigación, ya que el plazo original expira el 16 de enero.
Khan había informado el 3 de noviembre pasado sobre la apertura de la investigación en el país sudamericano y ese mismo día, firmó un memorándum de entendimiento con las autoridades venezolanas en el que el gobierno de Maduro sostenía que las denuncias debían ser investigadas por las instituciones nacionales.
Es importante destacar que la CPI actúa como tribunal de última instancia, interviniendo únicamente cuando los tribunales nacionales no están en condiciones o no tienen el interés de investigar y juzgar los delitos internacionales más graves, según corresponda.
Por lo tanto, el documento publicado en la página oficial del organismo internacional subraya que esta extensión del plazo es “adecuada y justificada”, dado que el Estado venezolano solicitó información adicional sobre los hechos objeto de la investigación el 3 de enero y la respuesta se les proporcionó el 13 de enero, según reporta Efe.
El texto aclara que la prórroga también está justificada para brindar tiempo suficiente para que Khan viaje a Venezuela y se reúna con el Gobierno de Nicolás Maduro a fin de discutir temas de admisibilidad y evaluar, “entre otras cosas, la posibilidad de recurrir a procedimientos del artículo 18” del Estatuto de Roma.
El artículo 18, numeral 2, establece que, una vez que se inicia una investigación formal, el Estado puede informar que está llevando a cabo una investigación sobre casos que puedan constituir crímenes de la competencia de la CPI, como los crímenes de lesa humanidad.
Según el diario digital argentino Infobae, el Ministerio Público de Venezuela ha informado que la justicia venezolana ha imputado a unos 150 efectivos policiales y militares por violaciones de derechos humanos desde 2017.
No obstante, miembros de la organización Human Rights Watch y de la oposición venezolana consideran que esas acciones se han tomado únicamente para evitar un proceso judicial internacional y para proyectar una imagen de colaboración, sin cambios reales.
Human Rights Watch ha documentado que el sistema judicial de Venezuela no ha investigado de manera adecuada los abusos generalizados en el país, a pesar de la existencia de pruebas contundentes, y que la mayoría de las violaciones a los derechos humanos permanecen impunes.
Por su parte, el fiscal jefe de la CPI ha manifestado en una ocasión que “puede haber una serie de razones para que la gente anhele un cambio” en el Ejecutivo venezolano, pero que su labor debe centrarse en que las pruebas recolectadas “sean sólidas y no estén contaminadas o construidas por agendas particulares”.
