Foto: Cuba Noticias 360
El gobierno de Cuba ha decidido posponer la implementación de la Resolución 56/2024 del Ministerio de Comercio Interior hasta el 30 de septiembre. Esta normativa tiene como objetivo regular el comercio mayorista y minorista de los actores económicos no estatales.
Uno de los aspectos más polémicos de esta norma era que las Mipymes y los CNA privados que se dedicaran principalmente a la comercialización mayorista debían reiterar su interés en continuar con esta actividad, pero ahora con la participación del Estado.
No obstante, se aplicará a los Trabajadores por Cuenta Propia la finalización de la función mayorista, ya que deberán completar la liquidación del inventario de mercancías en tránsito y en plaza destinadas al comercio mayorista o ventas al por mayor.
Desde que esta resolución fue publicada en diciembre pasado, solo se han aprobado seis negocios conjuntos entre actividades estatales y Mipymes, lo que evidencia el escaso interés del sector privado en «interactuar con el Estado».
Dicha medida impone limitaciones a la operatividad de las Mipymes y cooperativas en el ámbito mayorista, una carga que estas no están dispuestas a asumir, reflejando la necesidad controladora de un Estado que ofrece pocas alternativas.
La regulación que establece que las ventas mayoristas deben llevarse a cabo exclusivamente a través de entidades estatales restringe la capacidad de las empresas privadas para formar relaciones comerciales directas, afectando así su autonomía y potencial de crecimiento.
Existen también muchas incertidumbres sobre los mecanismos de «integración», considerando los impagos del gobierno debido a la escasez de divisas y la limitada disponibilidad de combustible, lo que compromete la logística en los procesos de comercialización.
A pesar de que el gobierno ha aclarado que se mantendrá el comercio minorista para todos los actores no estatales que tengan aprobada la actividad, esta decisión representa un retroceso en las «tímidas» aperturas económicas vistas en años recientes.
Si bien la intención declarada de la normativa es organizar el comercio mayorista y minorista, la entrada en vigor de la Resolución limitaría el desarrollo de las formas de gestión no estatal, que son esenciales para impulsar la economía cubana.
