Foto: Cuba Noticias 360
El problema de la ilegalidad en Cuba sigue en aumento, a pesar de que el gobierno se compromete a «erradicarlas de raíz» para evitar desordenamientos territoriales o, desde hace un tiempo, el crecimiento de los puntos de venta en las carreteras.
En términos urbanísticos, La Habana presenta cerca de 58,000 ilegalidades, una cifra significativa considerando que el país comenzó 2024 con unas 95,627 infracciones en el ordenamiento territorial. La capital, junto a Matanzas y Holguín, son las provincias con más incidencias.
No obstante, las autoridades habían planeado eliminar 38,162 infracciones, de las cuales solo lograron resolver «las nueve décimas partes» y en lo que va de año se han acumulado 11,288 nuevas ilegalidades.
La respuesta sigue siendo la imposición de multas, con un total de 12,570 por la falta de acción temprana, y 5,753 apercibimientos, dado que aún no son capaces de detener el surgimiento de nuevas ilegalidades ni su erradicación en el corto plazo.
El presidente del Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, anteriormente conocido como Planificación Física, consideró irrisorio el monto de las multas, subrayando que «los infractores se burlan de nosotros», según reportes de medios oficiales.
En el ámbito agrícola, las ilegalidades se concentran en 193,950 infracciones relacionadas con el control de la posesión, uso y legalidad de la tierra, de las cuales 65,000 son de carácter constructivo y están pendientes, lo que podría dejar muchas sin solución debido a la crisis constructiva que enfrenta el país, como ocurre en casi todos los sectores.
Acerca de los kioscos en autopistas, vías principales y carreteras del país, que son parte de la nueva ofensiva contra la ilegalidad en Cuba, el directivo admitió que hay un aumento descontrolado de estos establecimientos en el interior de las ciudades y asentamientos urbanos. El objetivo es cerrarlos, aunque digan lo contrario.
Dejar el control de la ilegalidad en el país en manos de uno de los organismos más corruptos es una contradicción evidente, agravada por la morosidad y la pobre calidad de la documentación para gestionar los trámites.
Las ilegalidades seguirán prevaleciendo en Cuba mientras persista el descontrol en la Isla, por más que el Gobierno intente abordar un problema que, en realidad, no tiene solución.
