El reto de salvaguardar tanto la salud pública como el derecho a solicitar asilo durante la pandemia
Texto: Darcy Borrero
El Alto Comisionado de la Acnur instó a la administración de EE. UU. a seguir esforzándose para “fortalecer su sistema de asilo y diversificar las alternativas seguras para que los solicitantes de asilo no se vean forzados a optar por cruces peligrosos organizados por contrabandistas”.
En la noche del lunes 17 de mayo, Cristian San Martín, un joven cubano de 19 años, fue asesinado a balazos en Ciudad Juárez, México, apenas a unos metros de la frontera y poco tiempo después de intentar cruzar hacia Estados Unidos. Se desconoce quién le disparó y por qué, pero su hermana, residente en Texas, culpa a la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas, Acnur, dado que su hermano aguardaba desde 2019 en la frontera el desenlace de su solicitud de asilo político.
Una declaración del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, “sobre la necesidad de eliminar las restricciones de asilo COVID-19 de EE. UU.” fue divulgada el jueves 20 de mayo. En el documento, Grandi solicita al gobierno estadounidense que “levante rápidamente las restricciones de asilo relacionadas con la salud pública que aún persisten en la frontera y restablezca el acceso al asilo para quienes dependen de él, en cumplimiento de las obligaciones legales y de derechos humanos internacionales”.
El Alto Comisionado advierte que existe “una necesidad urgente de adoptar más acciones para garantizar el acceso en los puntos de entrada que permanecen cerrados a la mayoría de los solicitantes de asilo debido a la orden de salud pública del Título 42 de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU., vigente desde marzo”.
Dicha orden ha resultado, según la organización, en la expulsión de cientos de miles de personas a México o a sus países de origen, privándoles del acceso a los procedimientos de asilo. Asimismo, recuerda que “el acceso garantizado a un territorio seguro y la prohibición de la devolución de los solicitantes de asilo son principios fundamentales establecidos en la Convención de Refugiados de 1951 y en la legislación de refugiados, que los gobiernos deben respetar para proteger los derechos y las vidas de los refugiados. Las expulsiones han tenido también consecuencias humanitarias severas en el norte de México”.
Aunque la agencia no menciona explícitamente al joven cubano que fue asesinado en Ciudad Juárez, este caso parece haber actuado como un catalizador para el comunicado. Por su parte, las acciones del gobierno de Biden en relación a las políticas migratorias han sido objeto de atención mediática en las últimas semanas.
Previo a la emisión de este comunicado oficial de la Acnur, el gobierno de Biden optó por modificar la forma en que aplica los poderes relacionados con la pandemia, conocidos como Título 42, que el ex presidente Donald Trump utilizó de manera efectiva, aunque se tratara de una ley oscura de 1944, para eliminar el asilo bajo el pretexto de evitar la propagación del coronavirus.
Desde febrero, el presidente estadounidense había instado en su primer discurso ante el Congreso a que se aprobara una normativa para brindar protección a los denominados dreamers o jóvenes indocumentados que llegaron al país siendo menores, así como a los migrantes beneficiados con el Estatuto de Protección Temporal para aquellos provenientes de países que sufren catástrofes naturales o violencia estatal y política.
Este martes, el Departamento de Seguridad Nacional confirmó que estaba tomando medidas para aliviar más de un año de restricciones de asilo que ha llevado a las autoridades fronterizas a expulsar rápidamente a adultos solteros y a muchas familias migrantes con niños y ancianos. En la semana se supo del caso de una anciana hondureña que logró llegar a Estados Unidos en silla de ruedas.
Con la ayuda de su hija, sus bisnietas y otros migrantes centroamericanos, Trinidad Tábora, una mujer de 93 años, logró cruzar el Río Bravo después de un viaje de varios días desde Honduras. “Su objetivo era llegar a Roma, Texas, y luego trasladarse a Nueva Jersey, en busca de una mejor vida y de reunirse con una de sus nietas, por lo que intentaba solicitar asilo político en Estados Unidos, ya que en su país habían sido víctimas de violencia”, reporta la prensa local, que precisa que la solicitud de asilo de Trinidad fue denegada y tanto ella como su hija fueron deportadas a Tamaulipas, México, desde donde habían cruzado. De nuevo en México, “la familia quedó atrapada en un hotel, con escasos recursos y, según reportó el 19 de mayo la cadena Telemundo, Trinidad falleció.
Esta situación evidencia lo que han reportado periodistas y actores del trabajo social: la selectividad en frontera a la hora de determinar “quién merece” asilo, sobre todo cuando se sabe que muchos migrantes huyen de realidades extremadamente hostiles en Centroamérica y otras regiones. De esta gestión de los asilos se interpreta que, como norma general, la orden es deportar; y la excepción sería la entrada. Solo los menores no acompañados han sido eximidos de una deportación inmediata, lo cual, irónicamente, es un avance respecto a la administración Trump.
Un abogado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles citado por Associated Press mencionó que los cambios fueron “el resultado de negociaciones para resolver una demanda que la organización presentó en un tribunal federal en Washington, D.C.”.
“La administración Biden acordó eventualmente permitir que unas 250 personas por día crucen los puntos fronterizos del sur para solicitar refugio en EE. UU.”, se detalla en la nota, que también menciona que el Departamento de Seguridad Nacional está trabajando “para simplificar un sistema que permita identificar y procesar legalmente a personas particularmente vulnerables que pueden justificar excepciones por razones humanitarias bajo la orden del Título 42”.
Con este nuevo protocolo, se les permitirá buscar protección humanitaria a través de una coalición de organizaciones no gubernamentales, después de ser sometidos a pruebas de COVID-19. Aproximadamente 2.000 personas ya han sido exentas de expulsión y se les ha permitido ingresar al país para solicitar asilo u otras formas de protección en EE. UU., indicó el abogado de la ACLU, Lee Gelernt a AP. “Si bien se anticipa que estas concesiones salven vidas, no reemplazan la eliminación del Título 42 y la restauración completa del procesamiento de asilo”, aclaró.
Desde el 3 de mayo pasado, el presidente de EE. UU. había anunciado que su país admitiría hasta 62.500 refugiados en los próximos seis meses, lo que revierte la decisión de mantener un límite inferior establecido por Donald Trump.
La noticia fue recibida con satisfacción por la agencia de refugiados de la ONU, que al día siguiente celebró la decisión del presidente Joe Biden y expresó su esperanza en que esta acción inspire a otros países “a reubicar a más personas que huyen de la guerra o la persecución”.
Filippo Grandi, Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, comentó que esta es “una medida para restablecer el liderazgo de EE. UU. en el reasentamiento de refugiados”, contribuyendo así a salvar vidas, lo que resulta esencial en un contexto en que —como destacó Grandi— el reasentamiento global de refugiados se ha desplomado tras el retraso en el procesamiento de casos debido a la pandemia de COVID-19.
Nada podrá devolver la vida a Cristian San Martín (19 años) ni a Trinidad Tábora (93). Nadie podrá aliviar el sufrimiento de las familias cuando la migración resulta en un cuerpo que enterrar. Igualmente, no son válidos los intentos de traspaso de responsabilidades. En un entorno donde los migrantes enfrentan la incertidumbre de quién puede quedarse y quién no, el Alto Comisionado considera que “los compromisos de EE. UU. de aumentar las admisiones para este año y el próximo son, por lo tanto, un salvavidas tanto para los refugiados como para nuestro programa global de reasentamiento”.
En el nuevo comunicado del Alto Comisionado, emitido este 20 de mayo, se establece que “la Agencia de la ONU para los Refugiados ha sostenido desde el inicio de la pandemia que proteger la salud pública y garantizar el acceso al asilo, un derecho humano fundamental, son plenamente compatibles. Durante el pico de la emergencia de salud pública, muchos países implementaron protocolos como exámenes de salud, pruebas y medidas de cuarentena, para proteger simultáneamente la salud pública y el derecho a solicitar asilo”.
