Foto: RRSS
Texto: Hugo León
El Ministerio del Interior (MININT) ha detenido a un ciudadano en Manzanillo, en la provincia de Granma, que operaba un almacén de medicamentos producidos en Cuba sin la debida documentación legal.
En su vivienda, se confiscó una cantidad significativa de sustancias e insumos médicos destinados a la venta, de los cuales el individuo no contaba con el registro ni los papeles que acreditaran su procedencia.
Entre los medicamentos hallados se destacaron antibióticos, insumos quirúrgicos de diversos tipos, medicamentos controlados, sondas y hilos de sutura, entre otros.
Escasez de medicamentos en Cuba
A finales de 2024, de los 651 productos que integran el Cuadro Básico de Medicamentos en Cuba, 461 se encontraban en estado de falta total o con baja cobertura.
En este contexto, donde más del 70% de los fármacos que ofrece la red de farmacias son inalcanzables, el acceso a estos bienes en la Isla se ha desviado hacia el mercado negro.
Ante esta notable escasez, un número creciente de cubanos ha optado por importar medicamentos para luego revenderlos a precios exorbitantes en grupos de WhatsApp y en plataformas sociales como Telegram o Facebook.
Medicamentos como el Alprazolam han alcanzado un precio de 800 pesos por 20 tabletas, el salbutamol en spray se vende a 1500 pesos por 200 dosis y la penicilina benzatínica a 600 pesos.
Lo más alarmante es que no solo se están comercializando productos importados, sino que también los de producción nacional, que deberían ser distribuidos directamente en la red de farmacias del país, terminan inexplicablemente en las mismas manos, lo que evidencia la falta de control en las entidades estatales.
Mientras tanto, en policlínicos y hospitales, muchos médicos optan por no rellenar recetas y se limitan a realizar tratamientos de manera provisional, conscientes de que los pacientes tendrán que conseguir los medicamentos por otras vías fuera del sistema de salud.
Asimismo, es común que ante la necesidad de un procedimiento médico en un centro hospitalario, se exija a los pacientes que lleven insumos específicos para poder llevar a cabo el tratamiento, trasladando así a la población la responsabilidad estatal de ofrecer un servicio esencial y público.
