Foto: La República
Texto: Darcy Borrero
El conflicto armado en Colombia, que ha persistido durante más de cinco décadas y se ha intensificado con la reciente ola de protestas en el país, se ha convertido en un entorno propicio para las violaciones de derechos humanos. Aunque ya existían un irrespeto a derechos fundamentales como el de la educación, la libertad de expresión y la seguridad, la creciente violencia por parte del Estado ha atraído la atención internacional. Colombia ha estado en la mira global durante más de una semana, ya que las fuerzas policiales y militares están reprimiendo a la población que ha salido a las calles en ciudades clave como Bogotá, Medellín y Cali.
La seriedad de este conflicto social ha llevado al secretario general de la ONU, António Guterres, a pronunciarse, destacando el 4 de mayo de 2021, la importancia de que el Gobierno colombiano permita las protestas pacíficas.
A través de su portavoz, Stéphane Dujarric, Guterres subrayó que es esencial que el Gobierno permita a las personas expresarse y manifestarse de manera pacífica, declaraciones que enfatizan la postura de la ONU ante el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad. Dujarric indicó que la Secretaría General de la ONU está monitoreando de cerca esta crisis humanitaria, que se originó a raíz de las protestas contra la reforma tributaria del gobierno de Iván Duque, las cuales han resultado en al menos 19 muertes y 800 heridos en las principales ciudades de esta diversa nación.
La propuesta de reforma tributaria que ha exacerbado el descontento popular durante la pandemia incluía un aumento del impuesto sobre el valor agregado (IVA) en varios productos y servicios, así como la imposición de este impuesto en productos que anteriormente estaban exentos. Además, el proyecto de Ley de Solidaridad Sostenible buscaba aumentar la recaudación mediante modificaciones en el impuesto sobre la renta.
En otras palabras, el gobierno de Duque planeaba trasladar al pueblo colombiano las «consecuencias económicas y sociales derivadas del COVID-19», justificando que la reforma era necesaria para «combatir la pobreza, las desigualdades y reactivar la economía del país».
A pesar de la represión, la presión ejercida por los colombianos en las calles ha logrado que el presidente diera un paso atrás, que en realidad puede ser interpretado como un avance. Duque informó que el viernes pasado instruyó al Ministerio de Hacienda para redactar un nuevo texto de reforma tributaria, el cual deberá ser discutido en el Congreso.
“He dado instrucciones muy claras a mi equipo en el Ministerio de Hacienda para que elaboren un nuevo texto en conjunto con el Congreso que recoja el consenso y que permita incorporar propuestas valiosas de partidos, organizaciones de la sociedad civil y del sector privado”, declaró el mandatario en su informe diario sobre la pandemia en el país.
Mientras tanto, las protestas continúan y los colombianos que se manifiestan en las calles no parecen dispuestos a claudicar, a pesar de estar en desventaja frente a los uniformados armados. Además de las muertes y cientos de heridos, según un tuit de El Espectador, hay 379 reportes de desapariciones desde el inicio del Paro Nacional.
“Agradecemos a quienes nos informaron sobre personas desaparecidas. Hicimos 15 llamadas y todas esas personas regresaron a sus hogares, pero nos compartieron relatos de tortura y tratos crueles durante su detención. Solo tres quisieron hablar…”, se menciona en otro tuit de la periodista colombiana Laura Dulce-Romero.
La diplomacia entre las balas: de violador a violador
En medio de la creciente tensión en Colombia, se declaró persona non grata al Primer Secretario de la Embajada de Cuba en Bogotá, Omar Rafael García Lazo, por haberse pronunciado en contra del Movimiento San Isidro. Esta decisión ha sido cuestionada por el director general para América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Eugenio Martínez.
A pesar de que Martínez no se refiere específicamente a la situación social en Colombia, el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano sí lo hace, afirmando que “esta injustificada acción busca desviar la atención de la comunidad internacional y de la sociedad colombiana de la violenta represión ejercida por las fuerzas militares y policiales contra los manifestantes, la cual ha causado decenas de muertes y cientos de heridos”, publicó en Twitter.
Otras instituciones cubanas también han denunciado la represión militar. Organizaciones culturales como Casa de las Américas han emitido declaraciones al respecto: “¡Basta de crímenes, basta de impunidad! La Casa de las Américas se solidariza con los reclamos del pueblo colombiano, así como con los escritores y artistas que exigen paz, justicia y dignidad para todos”.
Estas declaraciones resaltan cómo las instituciones estatales responden con rapidez cuando se cuestiona a otros gobiernos sobre crisis sociales.
Tanto quienes han anulado la presencia de un diplomático cubano en Colombia como aquellos que desde Cuba condenan lo que ocurre en la nación andina parecen renuentes a defender a los ciudadanos de sus propios países, a los que, naturalmente, están obligados a proteger.
Las violaciones de derechos humanos en Colombia no son un fenómeno reciente, y aunque han alcanzado un punto crítico, el año pasado el Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP, presentó un informe titulado «El oro y las balas», que documenta 1,419 violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario en Colombia durante 2019.
Por su parte, Cuba también enfrenta cuestionamientos en materia de derechos humanos, reflejados por organismos internacionales y hasta sus aliados, como la Unión Europea. La crisis del Movimiento San Isidro en noviembre pasado, cuando varios de sus miembros y otros ciudadanos se declararon en huelga de hambre y sed, fue uno de los episodios más tensos de los últimos años.
