Foto: El País
Este lunes, la Corte Constitucional de Colombia despenalizó el aborto en las primeras 24 semanas de embarazo, una decisión considerada “histórica” que marca un nuevo triunfo para los movimientos feministas en América Latina.
El tribunal, en una votación ajustada de 5 votos a favor y 4 en contra, aprobó esta medida.
“Esta es una decisión histórica no solo para Colombia, sino para toda América Latina, ya que establece que el aborto debe ser completamente excluido del código penal. Esperamos que otros países sigan este ejemplo”, afirmó la abogada colombiana Mariana Ardila, miembro de la organización Women’s Link.
La despenalización fue resultado de una demanda presentada en 2020 por el movimiento Causa Justa, una coalición de 90 organizaciones que solicitaban el fin de la criminalización del aborto. En su propuesta, este grupo argumentaba que las leyes existentes eran injustas para las mujeres y que las tres excepciones contempladas no eran suficientes.
Aunque en 2006 Colombia legalizó el aborto en casos de violación denunciada, riesgo para la vida de la mujer o en situaciones de embarazo inviable, otras circunstancias no estaban contempladas, lo que podía llevar a penas de cárcel de hasta cuatro años y medio.
Según datos gubernamentales, cada año se procesan alrededor de 400 casos penales relacionados con abortos, de los cuales el 20% involucra a menores.
Adicionalmente, estudios sociales indican que solo un 12% de los 400 mil abortos anuales en Colombia se llevan a cabo en instituciones de salud oficiales, lo que pone en riesgo la vida de miles de mujeres.
Según las estadísticas del Ministerio de Salud, alrededor de 70 gestantes mueren cada año en el país a causa de abortos inseguros.
Con esta nueva medida, se espera revertir de manera significativa esta situación.
Colombia se convierte en el último país latinoamericano que ha avanzado en la accesibilidad al aborto en los últimos años.
En septiembre pasado, la Corte Suprema de México declaró inconstitucionales las leyes que penalizan el aborto, mientras que el Congreso de Argentina legalizó este procedimiento en diciembre de 2020.
