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La Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) ha caracterizado este año 2022 por una intensa labor legislativa, un hecho sin precedentes no solo por su volumen, sino por la importancia de sus contenidos y el impacto que sus modificaciones tendrán en el marco jurídico de la isla.
Como se ha destacado en cada uno de los momentos culminantes de estas iniciativas, las nuevas leyes y normativas se alinean con lo establecido en la Constitución cubana que fue aprobada en 2019.
El plan legislativo de la ANPP contemplaba la aprobación de 27 leyes y 14 decretos leyes que debían ser aprobados por el Consejo de Estado durante este año.
Entre las leyes destaca el Código de las Familias, aprobado en referéndum popular y quizás la más representativa, sin dejar de lado el Código Penal, la Ley del Proceso Penal, la Ley del Proceso de Amparo de los Derechos Constitucionales, la Ley del Proceso Administrativo y la Ley Electoral, entre otras.
Cuba Noticias 360 te ofrece un breve resumen de algunas de las leyes más significativas aprobadas en 2022 y las características más relevantes de las mismas para la sociedad cubana.
Código de las Familias
El Código de las Familias introdujo cambios normativos significativos, además de una gran relevancia social por algunos de sus contenidos. Tras intensos debates, fue aprobado en referéndum en septiembre pasado y, a pesar de su resistencia, algunos juristas lo consideran el texto legislativo más avanzado en el ámbito del Derecho cubano.
En términos generales, el texto ha sido percibido como moderno y en concordancia con las legislaciones internacionales más recientes en esta área, al actualizar y permitir un orden jurídico familiar acorde con la Constitución cubana.
Entre sus aspectos más destacados se encuentran la protección de todas las expresiones de diversidad familiar, la lucha contra cualquier forma de discriminación o violencia, el reconocimiento del matrimonio igualitario, y la ampliación de los derechos y protección legal para cónyuges, menores de edad, personas con discapacidad y adultos mayores.
Código Penal
El nuevo Código Penal ha generado mucho debate en ambas direcciones. En cuanto a los aspectos positivos, ciertos especialistas han elogiado el esfuerzo por modernizar y actualizar la norma, alineándola con las tendencias más recientes de la doctrina penal internacional.
Asimismo, se valora positivamente la eliminación de la figura de la peligrosidad social predelictiva, la limitación del tiempo máximo de privación de libertad a 40 años, las nuevas definiciones de algunas tipologías penales relacionadas con la agresión sexual y las regulaciones sobre delitos medioambientales, cibercriminalidad y violencia de género.
No obstante, la normativa mantiene un fuerte sesgo represivo y punitivo, característico del Derecho Penal cubano desde la Ley No. 87 de 1999, lo que incluye la prisión perpetua y la eliminación del límite máximo de 20 años de privación de libertad y de 30 cuando se impone en lugar de la pena de muerte.
Además, la ley aumenta a 24 el número de delitos castigables con la muerte y a 31 los delitos que podrían ser castigados con la privación perpetua de libertad.
Proceso de Amparo de los derechos constitucionales
La Ley del Proceso de Amparo es de vital importancia porque establece, por primera vez desde el triunfo de la Revolución, un mecanismo jurídico para demandar a funcionarios y agentes del Estado por violaciones de derechos constitucionales.
Sin embargo, existen advertencias sobre ciertas limitaciones que ponen en riesgo el ejercicio pleno del derecho establecido, como la imposibilidad de discutir la constitucionalidad de las leyes, la prohibición de utilizarla para impugnar sentencias de otros tribunales, y la falta de garantía de que todos los recursos por violaciones a derechos constitucionales sean admitidos de manera rápida y centralizada en el ámbito judicial.
Ley del Proceso Penal
La Ley del Proceso Penal representa un cambio de paradigma en lo que respecta al debido proceso legal, principalmente por su incorporación del principio de justicia restaurativa, que pretende equilibrar la desaprobación social del delito con el castigo al infractor.
En el ámbito jurídico cubano, esta Ley ha sido tema de discusión, especialmente por el reclamo histórico sobre la ampliación de los derechos de las víctimas y el reconocimiento del derecho a la defensa desde el inicio del proceso, ambos elementos resueltos en la nueva normativa.
Ley de Ejecución Penal
La Ley de Ejecución Penal “responde a la necesidad de instrumentar legalmente la ejecución de actos derivados de la aprobación de la Ley del Proceso Penal, de octubre de 2021 y la del nuevo Código Penal”, según lo publicado por el Ministerio de Justicia cubano.
Entre otras disposiciones, la normativa regula la ejecución de las sanciones impuestas a personas naturales y regula cómo se llevará a cabo la pena de muerte. Además, establece el Control de la legalidad durante el cumplimiento de las sanciones y medidas de seguridad posdelictivas, terapéuticas o cautelares de prisión provisional.
En cuanto a la pena de muerte, regulada en el Artículo 23, se establece que “ratificada la sanción de muerte por el Consejo de Estado, el tribunal dispone su ejecución por fusilamiento y el Ministerio del Interior adopta las medidas necesarias para garantizar su cumplimiento”.
Por otro lado, en su Artículo 1, la Ley declara que su objetivo es “Regular la ejecución de las sanciones principales y accesorias impuestas a personas naturales y jurídicas y las medidas de seguridad previstas en la ley penal, definiendo la actuación de los órganos, organismos, instituciones, organizaciones y demás sujetos que participan en su proceso de ejecución; asegurando el ejercicio de los derechos y garantías fundamentales de los sancionados y asegurados, en correspondencia con los postulados de la Constitución, la legislación vigente y los tratados internacionales en vigor para el país”.
Ley del Proceso Administrativo
La Ley del Proceso Administrativo llegó con el objetivo de ampliar la variedad de asuntos que pueden ser resueltos a través de medios legales. Entre sus aspectos más destacados se encuentran aquellos referidos a las reclamaciones por confiscación de bienes o contra ciertas resoluciones administrativas.
En términos generales, esta Ley regula el proceso para que los tribunales conozcan las pretensiones en relación a actos administrativos, disposiciones reglamentarias, actuaciones materiales y omisiones de la Administración pública, así como de otras entidades y personas en el ejercicio de la función administrativa.
La normativa establece que, para lo que no esté expresamente previsto, regirán, con carácter supletorio, las disposiciones de la Ley de los Tribunales de Justicia y el Código de Procesos.
Código de Procesos
El Código de Procesos unifica los procedimientos para la resolución de asuntos en materia civil, familiar, mercantil, laboral y de seguridad social, así como la ejecución de las resoluciones judiciales asociadas a estos.
Uno de los aspectos más valorados por muchos juristas es la posibilidad de transformar el régimen probatorio cubano, otorgando una mayor importancia a la figura del juez activo y dotándolo de amplias facultades y competencias en materia de pruebas.
Ley de los Tribunales de Justicia
La Ley de los Tribunales de Justicia fue implementada para definir, organizar y regular con detalle la misión, estructura, composición y funciones del sistema judicial cubano, un elemento esencial para el correcto funcionamiento de un Estado de Derecho.
Entre sus disposiciones iniciales, establece que la función de impartir justicia emana del pueblo y es ejercida, en su nombre, por el Tribunal Supremo Popular y los demás tribunales que la ley instituye.
Asimismo, determina que la misión de los tribunales es impartir justicia de acuerdo con la Constitución de la República, los tratados internacionales en vigor en el país y la legislación nacional, con un enfoque en la justicia, racionalidad, transparencia, diligencia y respeto a las garantías de las partes y demás intervinientes en los procesos judiciales.
Sin duda, este año ha sido para Cuba el de mayor reforma legal desde el triunfo revolucionario de 1959. No obstante, los cubanos siguen cuestionando que no es suficiente con disponer de textos jurídicos que incorporen y regulen principios y derechos fundamentales en la sociedad, sino que es imperativo llevar todos esos elementos a la práctica judicial y a la realidad de la isla.
