Foto: Antena 3 Noticias
Texto: Mónica Fernández
Los Premios Nobel han sido objeto de controversia durante varios años, siendo especialmente polémico el de la Paz.
Un caso emblemático es el del presidente Barack Obama, quien recibió el premio a tan solo un año de asumir su cargo «por sus extraordinarios esfuerzos para fortalecer la diplomacia internacional y la colaboración entre los pueblos». Sin embargo, se convirtió en el primer presidente estadounidense en completar dos mandatos mientras tenía tropas de su país en combate activo. La tendencia a premiar a presidentes es notoria en los Nobel: además de los estadounidenses, podemos recordar el caso de Juan Manuel Santos, quien recibió el Premio a solo nueve días de que el pueblo colombiano rechazara en un referendo el Acuerdo de Paz que él promovía, un esfuerzo que fracasó al concluir su presidencia. Los Nobel de la Paz suelen ser más significativos cuando son otorgados a individuos que, sin ocupar cargos políticos relevantes, han llevado a cabo un activismo sostenido y comprometido, especialmente aquellos que se identifican con causas que les han afectado de manera personal. Un ejemplo de esto es Nadia Murad, una iraquí galardonada en 2018, quien fue capturada y esclavizada por el Estado Islámico, sufriendo diversas violencias, y tras escapar, se convirtió en activista contra la trata de personas y la violencia sexual.
Este año, el Nobel de la Paz ha sido otorgado a dos periodistas: Maria Ressa (Filipinas) y Dmitri Muratov (Rusia), «por sus esfuerzos para salvaguardar la libertad de expresión, que es una condición previa para la democracia y la paz duradera». Este premio tiene un valor especial: en medio de los múltiples desafíos globales del último año (incluido el COVID-19), se dio prioridad a la libertad de expresión. Además, Ressa es la única mujer galardonada este año; entre 2002 y 2021, solo el 12,4% de los Premios Nobel han sido otorgados a mujeres. Este año, hubo un total de 329 nominados, que incluyeron desde la Organización Mundial de la Salud hasta Reporteros Sin Fronteras, el movimiento Black Lives Matter en EE. UU., la brigada médica internacional cubana Henry Reeve, e incluso Jared Kushner, el yerno del expresidente Donald Trump. Cada una estas nominaciones probablemente presentaba argumentos a favor y en contra, y la brigada médica cubana carecía de posibilidades, ya que, a pesar de la campaña mediática de Cuba, las alegaciones de tráfico y violaciones a los derechos laborales de sus miembros continúan siendo un debate abierto.
En un artículo de opinión criticando la decisión de no premiar a la brigada Henry Reeve, el diario Granma ha sido especialmente crítico con Maria Ressa, mencionando su vinculación con CNN y el financiamiento recibido por su medio, Rappler, de la National Endowment for Democracy (NED). Sin embargo, Ressa también ha sido reconocida como Fullbright Scholar, un hecho que Granma omite. Pero, ¿es acaso esto algo que ella haya negado u ocultado? No, es información completamente accesible públicamente.
Es irónico que Granma elija centrar su atención en los antecedentes de la periodista y no en el motivo por el cual fue premiada: su denuncia de los crímenes cometidos por el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte. En 2019, su gobierno lideró una campaña de desacreditación no solo contra Ressa y su medio, sino también contra el Centro Filipino de Periodismo Investigativo, acusando sin pruebas de que los fondos de la NED provenían de la CIA con intenciones desestabilizadoras. Un argumento que puede parecerse al del gobierno cubano, lo que ayuda a entender por qué la premiación generó tanto descontento en la Isla.
El debate sobre la procedencia de los fondos para ejercer el periodismo es sin duda complejo. Sin embargo, cuando los gobiernos limitan cualquier posibilidad legal de obtener financiamiento en el país de origen, los medios se ven obligados a escoger entre dejar de hacer su trabajo o buscar apoyo en el extranjero. ¿Podría este apoyo tener tintes políticos? Ciertamente. La carga recae sobre los profesionales del periodismo, quienes deben enfrentar decisiones éticas, establecer claramente sus posturas ante posibles patrocinadores y ofrecer transparencia a sus audiencias, con el riesgo de perder su credibilidad. La alternativa sería no reportar y permitir que el poder actúe sin rendir cuentas.
¿Por qué Granma nunca ha realizado un análisis exhaustivo sobre la forma en que los gobiernos locales utilizan los fondos de la cooperación internacional? Tal vez esto se deba a que, a pesar de todas las campañas de desprestigio contra el periodismo independiente, el diario no puede eludir un hecho innegable: cualquier persona puede acceder a la base de datos de financiamiento de la NED porque es pública; mientras tanto, el gobierno cubano no proporciona desgloses financieros de prácticamente ninguna de sus áreas de gestión. Lo que hoy conocen los ciudadanos cubanos sobre los apoyos económicos negociados con Cuba es gracias a los portales de transparencia de los organismos que otorgan esos fondos, que no siempre están completos o actualizados.
El Premio Nobel 2021, al centrarse en la importancia de la libertad de expresión y el periodismo independiente, es del todo pertinente. Maria Ressa y Dmitri Muratov son solo las caras visibles en esta ocasión. Pudo haber sido un periodista mexicano reportando sobre el narcotráfico, uno holandés investigando el crimen organizado, o un periodista cubano…
Si Granma considera que el periodismo está condicionado por «oscuros financiamientos», ¿qué mejor manera de apoyarlo que legalizando y respaldando a los profesionales que hoy trabajan para ofrecer a la ciudadanía la información a la que tienen derecho? La falta de acción solo revela que el poder, al final, también tiene intereses oscuros.
