Foto: Jorge Luis Borges
El gobierno de España ha dado a conocer una reforma del Reglamento de la Ley de Extranjería que tiene como objetivos principales “reducir las figuras de permisos actuales, simplificar la documentación y los trámites, y fortalecer la protección de los derechos de las personas migrantes”.
Según lo anunciado a finales de diciembre por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, se espera que la reforma se complete antes del primer semestre de 2024.
En una rueda de prensa tras la Conferencia Sectorial de Migraciones, la ministra declaró que esta medida también incluye “la trasposición de las dos normativas europeas aprobadas bajo la presidencia española”.
La primera de estas normativas se relaciona con el ‘permiso único’, del 18 de diciembre, que integra el permiso de trabajo y residencia, evitando así la explotación laboral. La segunda norma aborda la residencia de larga duración, mejorando los derechos de los residentes que se quedan mucho tiempo y sus familias, según añadió la directiva europea.
Entre los aspectos más destacados, especialmente por su impacto en los migrantes cubanos en España, se encuentra la obligatoriedad de que las gestiones para la residencia y el permiso de trabajo se realicen en un plazo de 90 días.
Aunque las modificaciones aún no están en vigor, varios expertos en migración han llamado la atención sobre una disposición publicada el 30 de diciembre que regula la contratación colectiva de trabajadores en el extranjero.
La nueva normativa reduce a la mitad el número mínimo de personas que pueden ser contratadas desde el exterior, permitiendo a pequeñas y medianas empresas incorporar empleados para proyectos de menor escala.
La orden se centra en la migración circular, estableciendo autorizaciones de cuatro años que permiten trabajar hasta nueve meses al año en un solo sector, basándose en contratos fijos discontinuos para cubrir empleos estacionales con prestación intermitente.
Además, se destaca que la validez de estas autorizaciones dependerá del compromiso del trabajador de regresar a su país de origen al finalizar su labor y de mantener las condiciones que justificaron su concesión. Si se cumplen estas condiciones, podrá ser convocado nuevamente en la siguiente temporada según su contrato.
Los que hayan tenido autorizaciones plurianuales de residencia y trabajo podrán solicitar una autorización de dos años para trabajar por cuenta ajena o propia, siempre que cumplan con los requisitos, incluido el compromiso de retorno.
El incumplimiento de este compromiso o la falta de mantenimiento de las condiciones que llevaron a la concesión resultará en la extinción de la autorización, según la normativa publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 30 de diciembre de 2023.
Por último, es importante recordar que el Gobierno de España aprobó a mediados del año pasado otra modificación de la Ley de Extranjería que aceleraría la regularización de migrantes sin papeles y permitiría a los estudiantes extranjeros trabajar durante su estancia en el país.
El Real Decreto que reforma el reglamento de la Ley Orgánica de Extranjería fue aprobado por el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y busca mejorar el modelo migratorio español y sus procedimientos, a menudo lentos e inadecuados, lo que genera periodos prolongados de irregularidad con altos costos sociales y económicos.
