Fotos: Manuel Larrañaga
Las familias cubanas que tienen parientes residiendo en el extranjero están siendo instadas a acudir a las Oficodas, oficinas de registro de consumidores, para cancelar la libreta de abastecimientos de aquellos ausentes que en su momento decidieron tomar otro rumbo en sus vidas.
Esta acción, claro está, no es una novedad. Ya estaba legislada hace tiempo, pero parece que los encargados de aplicarla, entre otros asuntos quizás más urgentes, la habían dejado en el olvido o la indiferencia.
“Como sucede con muchas de las normas establecidas en la isla, esto no sorprende. Comentó una vecina en un barrio del Vedado, quien, con temor, intentaba esperar en la extensa fila de la entidad a la que le correspondía sin acercarse demasiado a los demás presentes.”
Ahora, en medio de una grave pandemia de Covid-19, que este último lunes reportó una alarmante cifra de 786 contagios en el país, de los cuales 344 corresponden a La Habana, la más alta desde que el coronavirus llegó a Cuba, las alarmas entre la población se han encendido más que nunca. Se comenta en los barrios que no puede haber un nombre de emigrado en la cartilla de racionamiento bajo amenaza de severas multas por no cumplir con lo dispuesto.
Antes de acudir a la Oficoda, los hogares con emigrados aún registrados en la cartilla de racionamiento reciben una citación que les obliga a realizar este trámite.
“Esto se suma a la unificación monetaria y cambiaria que el gobierno implementó sin previo aviso a partir del primero de enero, argumentando la necesidad de desarrollar la economía, realizando todas las transacciones financieras en CUP (peso cubano) como moneda única”, expresó un trabajador del sector gastronómico que aguardaba su turno para el trámite.
“Con salarios ligeramente más altos y precios disparatados de productos y servicios, han tenido que corregir ante el descontento de la gente y las protestas en redes sociales, como si no hubieran analizado con antelación un programa tan audaz”, agregó para complementar su opinión.
La mayoría de los cubanos sostiene desde hace 62 años, tras la victoria de las tropas lideradas por Fidel Castro, lo que se conoce como la libreta de abastecimientos, en la que se otorga a cada familia una cuota de los productos más consumidos diariamente, que antes del nuevo orden monetario estaban subsidiados por el estado cubano, pero a partir de este 2021 también han experimentado incrementos en sus precios.
Durante las últimas décadas, gracias a esta herramienta, los ciudadanos podían acceder a una modesta cuota de arroz, azúcar blanca y morena, frijoles, sal, sobres de café mezclado Hola, espaguetis, aceite vegetal, pasta dental y jabones para baño y lavado, estos tres últimos artículos habían sido retirados de la canasta básica anteriormente y se han añadido en una nueva modalidad denominada «módulo», uno de los tantos términos peculiares que forman parte del lenguaje burocrático en Cuba.
Este asunto ha sido objeto de debates vecinales, ante las amenazas percibidas de eliminarla del panorama cotidiano nacional por parte de autoridades gubernamentales que, al parecer, alguna vez intentaron sondear la opinión pública con tales rumores. A pesar de su protagonismo en el popular programa humorístico Pánfilo, conducido por el actor Luis Silva, la libreta de abastecimientos aún parece tener un futuro incierto.
Las eternas colas que los cubanos deben formar para obtener alimentos, productos de higiene, realizar trámites bancarios y satisfacer cualquier necesidad cotidiana son constantemente observadas por funcionarios de salud pública y del gobierno, quienes frecuentemente las culpan del aumento de casos de Covid-19 en toda la nación.
Desde el segundo rebrote de la pandemia que comenzó a repuntar en Cuba el 15 de noviembre de 2020, las autoridades han reconocido que la causa de este aumento se produjo por la llegada de viajeros del exterior, cuando se decidió abrir los aeropuertos de todas las provincias para recibir, sobre todo, turismo internacional, con el fin de revitalizar la economía históricamente deteriorada.
No obstante, en la actualidad, sin negar ese hecho, aseguran que la población ha perdido la percepción del peligro que representa una enfermedad letal de la que, si se sobrevive, es difícil librarse de las secuelas. A diario, apuntan hacia las colas como un factor de riesgo por la falta de distanciamiento y el incumplimiento de las medidas de protección.
En medio de este preocupante panorama, la mayoría de quienes deben cancelar la inscripción de sus familiares emigrados en la cartilla normada consideran que no es el momento adecuado para llevar a cabo una disposición que califican de apresurada, dada la urgencia de proteger la salud de sus conciudadanos.
“¿Por qué los funcionarios del gobierno tienen tanta prisa para implementar esta medida?” se pregunta una mujer de unos cincuenta años, a lo que ella misma responde: “No se va a solucionar la economía cubana por unos pocos mandados más o menos.”
No obstante, no todos los que se encuentran en las abarrotadas filas de la Oficoda deciden hacer este trámite.
“Están locos, que me pongan la multa a ver, además, ¿me la van a cobrar? Lo que deben hacer ahora es asegurarse de que Cuba pueda controlar la pandemia que, por lo visto, se ha disparado con las últimas cifras de contagios”, comentó a Cuba Noticias 360 el padre de un joven que salió en 2019 hacia Estados Unidos para reunirse con su esposa e hijo.
Hasta la fecha, ha habido 200 fallecidos por Covid-19 en una isla que no se encuentra entre los países con mayores cifras del virus en el continente americano y en el mundo, con 22,614 contagiados, de los cuales 47 se encuentran en terapia intensiva, con 16 críticos y 31 graves. Cada día está amaneciendo con dolorosas pérdidas humanas que antes no se reportaban con tanta frecuencia.
La mayoría de los cubanos está al tanto de estos números gracias a los reportes diarios del Ministerio de Salud Pública. Ante esta situación, las familias que acatan o no la inminente decisión relacionada con sus seres emigrados no ocultan su descontento y la califican de inoportuna.
