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Javier García-Bengochea, un neurocirujano cubanoamericano que reside en Jacksonville, ha interpuesto una demanda contra Airbnb por beneficiarse de manera ilegal con una propiedad en Cuba.
Este médico ha desempeñado un papel importante en la activación de la Ley Helms-Burton, presionando durante años al Congreso y a las administraciones para implementar la disposición que permite demandar a las empresas que “trafican” con propiedades confiscadas en la isla.
En este contexto, se está demandando a la conocida plataforma de alquileres por rentar una casa familiar que fue confiscada por el gobierno de Fidel Castro a principios de los años 60.
Se alega que hay “tráfico” al incluir la propiedad en su sitio web sin compensar a la familia Parreño, la propietaria original del edificio de seis apartamentos en La Habana.
“La Comisión de Resolución de Reclamaciones Extranjeras certificó la reclamación de la familia en 1970, valorando la propiedad en $547,365.24. La demanda argumenta que Airbnb se benefició al publicitar el alquiler sin considerar la confiscación ilegal”, afirman varios medios locales.
Aunque el dueño original falleció en 1972, Javier García-Bengochea, primo del difunto y administrador del patrimonio, presentó el caso contra Airbnb, que ya había sido notificada sobre la reclamación de la propiedad, pero continuó anunciando su alquiler entre agosto de 2019 y mayo de 2022.
El texto original de la demanda indica que la empresa “traficó con la propiedad de forma consciente, voluntaria, intencional y continua”, ignorando la confiscación ilegal y sin ofrecer ninguna compensación a los dueños del inmueble.
A pesar de haber retirado la publicidad del alquiler de este apartamento en La Habana, este estuvo en renta hasta 2022, a pesar del litigio.
