Foto: Cuba Noticias 360
Un reportaje publicado por el medio español La Región ha puesto de manifiesto la existencia de un mercado negro de documentos en Cuba asociados a la Ley de Memoria Democrática, popularmente conocida como Ley de Nietos.
La denuncia proviene del Archivo Histórico Diocesano de Ourense, que ha observado un incremento inusual en las solicitudes y en los casos de falsificación de certificados.
Recordemos que esta ley permite a los descendientes de españoles, especialmente en naciones como Cuba y Argentina, solicitar la nacionalidad española. Para ello, es necesario presentar documentos que validen su vínculo familiar, tales como partidas de nacimiento, certificados de defunción o fe de bautismo.
En el contexto cubano, según Pablo Cid, responsable del Archivo, estos certificados están siendo falsificados y se comercializan en el mercado negro a precios que oscilan entre los 2.000 y los 3.000 euros. “Nos percatamos porque comenzaron a exigir documentos con la firma del vicario. Posteriormente, descubrimos que estaban falsificándolos”, comentó.
Además de los falsificadores, también han surgido intermediarios y abogados que cobran cantidades elevadas por trámites que el archivo realiza por apenas 10 euros. “Hay abogados que solicitan hasta 300 euros por documentos que nosotros emitimos directamente”, denunció Cid.
El crecimiento del fraude coincide con el plazo final de la Ley de Memoria Democrática, que expira en octubre de este año. La alta demanda ha provocado una notable presión sobre archivos y consulados, especialmente en Cuba, donde muchas familias ven esta opción como una oportunidad para mejorar su situación.
El Archivo Diocesano de Ourense recibe alrededor de 50 solicitudes diarias. En este archivo se conservan más de 12.000 libros parroquiales que contienen registros de nacimientos, matrimonios y defunciones desde hace más de 500 años. Sin embargo, no siempre es posible localizar los documentos. Algunos han sido perdidos o dañados por incendios, como ha sucedido en los casos de Trasmiras y Barbadás.
La búsqueda de registros del siglo XX es aún más complicada. Muchos libros permanecen en parroquias rurales donde los matrimonios y bautizos ya no se realizan con frecuencia. Esta situación retrasa el acceso a documentos cruciales para los expedientes de nacionalidad.
La ley ha generado un halo de esperanza, pero también ha abierto la puerta al fraude. Las autoridades españolas están investigando los casos detectados, mientras archivos como el de Ourense advierten sobre el uso indebido de documentos históricos en procedimientos migratorios.
