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Texto: Fede Gayardo
El Tribunal Provincial de Artemisa ha solicitado penas de hasta 18 años de prisión para varios de los 12 cubanos involucrados en el robo de azúcar del central Harlem, situado en esta provincia del occidente de Cuba.
Los sucesos ocurrieron el año pasado en el Complejo Agroindustrial de Artemisa, pero no fue hasta esta semana que la prensa estatal los reportó.
De acuerdo con lo informado por el diario El Artemiseño, dos custodios de la entidad aceptaron importantes sumas de dinero para “permitir que dos grupos compuestos por diversos ciudadanos sustrajeran el valioso producto de los almacenes de producción terminada del complejo mencionado”.
Inicialmente, recibieron 10 000 CUP por la sustracción de azúcar. Los autores, utilizando un camión ZIL 130 de la misma empresa, se adueñaron de una tonelada de azúcar; posteriormente, “esa misma noche aceptaron 13 000 CUP por la misma acción”.
Una vez que los hechos fueron conocidos por los órganos de investigación del Ministerio del Interior, los 12 implicados fueron detenidos. A diez de ellos se les impuso, por parte de la Fiscalía, la medida cautelar de prisión provisional, y se les confiscó la suma de 30 890 CUP.
Después de concluir la investigación penal, la Fiscalía remitió el caso a la Sala de lo Penal del Tribunal Provincial de Artemisa, “imputando a los dos custodios el delito de Cohecho, por haber aceptado la dádiva ofrecida por los otros imputados, a cambio de incumplir con sus obligaciones de protección y permitir la sustracción del azúcar”.
En cuanto a los demás implicados, se les acusa del delito de “Robo con Fuerza en las Cosas y Cohecho por el ofrecimiento del dinero”.
Las penas solicitadas oscilan entre ocho y 18 años de privación de libertad. En el caso de los custodios, también se incluye la sanción accesoria de prohibición del ejercicio del cargo u oficio en entidad económica estatal durante el mismo tiempo de la sanción principal.
El informe concluyó afirmando que “la labor de los custodios es esencial y fundamental para la conservación del patrimonio social del que todos dependemos; traicionar esta confianza genera un daño considerable a la economía y afecta los valores éticos de sus colectivos”.
