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En primer lugar, un juez federal en Seattle, seguido por otra jueza en Maryland, han impedido que el gobierno de Trump lleve a cabo la orden ejecutiva que eliminaría el derecho a la ciudadanía automática por nacimiento.
John Coughenour y Deborah Boardman han dictado una orden de restricción temporal que prohíbe a Trump implementar el decreto.
«Es una orden absolutamente inconstitucional», destacó Coughenour, en respuesta a un abogado del Departamento de Justicia de Estados Unidos que defendía la orden del presidente.
Por su parte, Boardman dejó en claro que ningún tribunal en EE. UU. ha respaldado la interpretación de la administración Trump de la Decimocuarta Enmienda. Indicó: “La ciudadanía es un derecho invaluable, otorgado expresamente por la Decimocuarta Enmienda de la Constitución”.
En este contexto, la jueza agregó que “solo una orden judicial de carácter nacional podrá ofrecer un alivio completo a los demandantes”.
Efectivamente, este miércoles Deborah Boardman cuestionó a un abogado del gobierno sobre si apelarán su decisión, a lo que el abogado no pudo proporcionar una respuesta.
Alrededor de 22 estados y diversas organizaciones ya han presentado demandas para intentar frenar la acción ejecutiva. Entre ellos se encuentran grupos defensores de los derechos de los inmigrantes como CASA y el Proyecto de Defensa del Solicitante de Asilo, así como varias mujeres embarazadas.
La agencia AP mencionó el argumento de los demandantes: “El principio de la ciudadanía por derecho de nacimiento es fundamental para nuestra democracia nacional, está profundamente enraizado en las leyes de nuestro país y ha moldeado un sentido compartido de pertenencia nacional para generaciones de ciudadanos”.
La respuesta del gobierno fue que: “La Constitución no contiene una cláusula que otorgue beneficios que concedan la ciudadanía estadounidense a, entre otros: los hijos de aquellos que han evadido (o desafiado abiertamente) las leyes federales de inmigración”.
Durante sus primeros días en el cargo, el presidente Donald Trump firmó alrededor de diez órdenes ejecutivas relacionadas con la inmigración, que incluían deportaciones masivas y la intensificación de la seguridad fronteriza.
Si bien algunas de estas medidas ya están en funcionamiento, otras, como la eliminación de la ciudadanía por nacimiento, se enfrenta a desafíos legales.
