Texto: Darcy Borrero
Aunque la pena de muerte parezca un asunto propio de otro siglo, la estadounidense Lisa Montgomery estaba programada para recibir una inyección letal en su país este 8 de diciembre de 2020, 16 años después de que asesinara a una mujer embarazada en Missouri, estrangulándola y abriendo su abdomen para secuestrar al bebé.
El 8 de diciembre, Lisa no fue ejecutada. En su lugar, Brandon Bernard y Alfred Bourgeois fueron ejecutados el 10 y 11 de diciembre, respectivamente. Bernard fue condenado en 1999 por el secuestro y asesinato, a la edad de 18 años, de dos ministros, Todd y Stacie Bagley. Bourgeois, por su parte, fue sentenciado por torturar y golpear a muerte a su hija de 2 años.
Sin embargo, Lisa, de 52 años, ya tiene una nueva fecha de ejecución: el 12 de enero, durante la transición de presidencia del republicano Donald Trump al demócrata Joe Biden. Esta condena, así como las de otros reos, ha reavivado el debate sobre la pena de muerte.
Mientras los abogados de Lisa argumentan que ella padece daños cerebrales debido a maltratos sufridos en su infancia, un grupo de diez expertos en Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha solicitado ‘clemencia’ a las autoridades de Estados Unidos.
Ellos sostienen que la acusada ‘no tuvo suficiente defensa legal’ durante su juicio. A pesar de la gravedad de su crimen y de los otros casos en este periodo, la opinión pública estadounidense parece alejarse cada vez más de la aprobación de la pena capital.
Una encuesta de Gallup de mayo de 2006, citada por el Centro de Información sobre Pena de Muerte, encontró que al preguntar a los participantes por su opinión sobre la pena de muerte frente a la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, solo el 47% eligió la pena capital.
Este es, según la misma fuente, el porcentaje más bajo en dos décadas. El 48% prefería la cadena perpetua a los condenados por asesinato. Además, la encuesta mostró que el apoyo general a la pena de muerte sigue siendo inferior al 65%, una cifra considerablemente menor al 80% que respaldaba esta práctica en 1994.
En aquellos años, en la década de los ‘90, Joe Biden era senador y apoyaba la pena de muerte. Aunque su postura ha cambiado, la ley de delitos de 1994, de la cual fue coautor, ha llevado a la sentencia de personas en aproximadamente 60 delitos federales que pueden ser castigados con la pena capital.
La prensa internacional subraya que algunos de los condenados a muerte actualmente tienen sentencias dictadas bajo las disposiciones impulsadas por el presidente electo, quien ahora, junto a su compañera Kamala Harris, se compromete a abolir la pena de muerte federal. Por ello, la programación de varias ejecuciones entre diciembre y enero por parte del gobierno saliente se interpreta como una decisión política para respaldar las agendas republicanas.
Fue durante la presidencia de otro republicano, George Bush, cuando se llevaron a cabo tres ejecuciones federales, las únicas entre 1988 y 2016, desde que la Corte Suprema reinstauró la pena de muerte federal en 1988.
El Centro de Información sobre Pena de Muerte señala que habría que retroceder a 1896 para encontrar cifras similares de 10 o más ejecuciones en la nación norteamericana.
Las ejecuciones federales durante una transición política son un fenómeno que ocurre por primera vez en más de un siglo, y la cifra de una decena de reos ejecutados en 2020 es un hito sin precedentes en la historia moderna. Por otro lado, el caso de Lisa Montgomery es especialmente relevante, ya que es la primera mujer en enfrentarse a una ejecución federal en Estados Unidos desde 1953, cuando se ejecutó a Bonnie Heady en una cámara de gas en Missouri.
