El expreso político del 11J enfrentará un juicio por difundir propaganda en contra del orden constitucional.

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Foto: Mariam Prieto Rodríguez | Facebook

Texto: Fede Gayardo

El prisionero político Alexander Fábregas Milanés, quien fue condenado por su participación en las manifestaciones del 11 de julio, se prepara para enfrentar nuevamente a la justicia cubana, esta vez por un cargo de propaganda en contra del orden constitucional.

De acuerdo con la información proporcionada por su esposa, Marian Prieto Rodríguez, a través de Facebook, Fábregas realizó un viaje a Sancti Spíritus y, al regresar, fue detenido por la Seguridad del Estado en Santa Clara, donde ha estado incomunicado durante 11 días.

La pareja de Fábregas confirmó al medio Martí Noticias que será sometido a juicio: “Lo van a juzgar por propaganda contra el orden constitucional. No me quisieron revelar el nombre del fiscal ni brindarme más información. Simplemente, me amenazaron”.

Entre otros detalles, mencionó en su publicación que decidió salir del acuartelamiento “para dirigirme a la Seguridad del Estado en la carretera de Camajuaní, Santa Clara, Villa Clara, con el fin de ver a Alexander Fábregas Milanés, mi esposo. Al llegar, me mantuvieron esperando durante aproximadamente 2 horas. Luego, me llevaron a una habitación fría, y después de un tiempo, entró un oficial acompañado de un civil, quienes me amenazaron diciéndome que si continuaba denunciando a los representantes del país y su crimen organizado, también podría ser arrestada por el mismo delito”.

Fábregas, de 34 años, cumplió una condena de 9 meses de prisión por el delito de desórdenes públicos, una acusación que el gobierno de la isla fundamentó en una transmisión en vivo que realizó en Facebook durante las protestas del 11J en Sancti Spíritus.

El informe del medio mencionado indicó que Fábregas ha recibido amenazas de la Seguridad del Estado debido a sus publicaciones en redes sociales tras su excarcelamiento.

El delito de propaganda contra el orden constitucional, establecido en el Código Penal cubano, fue aprobado en mayo de 2022 y conlleva penas de entre 3 y 10 años de prisión.

Dicha norma estipula que serán acusados por este delito quienes “inciten contra el orden social, la solidaridad internacional o el Estado socialista reconocido en la Constitución de la República, mediante propaganda oral, escrita o por cualquier otro medio” y/o quienes “elaboren, distribuyan o posean propaganda con estas características”.

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