Foto: Cuba Noticias 360
Texto: Hugo León
En el marco de la campaña de bancarización y de una serie de nuevas medidas que busca implementar rápidamente en el sector privado, el Gobierno cubano anunció la Resolución 209/2024, publicada en la Gaceta Oficial de la República, que se enfoca en las transacciones entre el sector estatal y el privado.
La normativa establece que las empresas estatales tienen la facultad de fijar precios y tarifas para sus proveedores privados, aunque las ganancias de estos últimos deben ajustarse a un límite específico.
Sumando los impuestos aplicables a ventas y servicios, las ganancias de los proveedores privados no podrán superar el 30% del costo total y los gastos. Esta restricción, que podría interpretarse como un obstáculo para el sector privado, tiene como fin mitigar la inflación que enfrenta Cuba.
El documento especifica que la medida busca limitar los gastos de las entidades estatales en sus interacciones económicas con las formas de gestión no estatal, fomentando así «una gestión económica más eficiente y controlada».
Además, los consejos provinciales y municipales tendrán participación en los procesos de compra y venta, recibiendo la autoridad para aprobar los precios y tarifas máximas de los bienes y servicios.
Por otro lado, los redactores de la norma argumentan que esta medida ayudará a reducir los gastos de las entidades estatales. Sin embargo, no consideran que una proporción significativa de las relaciones de compra y venta entre el sector estatal y el privado, de alguna manera, depende del valor del dólar y de las divisas extranjeras en el mercado informal.
La norma entrará en vigor a partir del 1ro de julio de este año.
