Foto: Cuba Noticias 360
Las limitaciones impuestas al sector privado por el gobierno cubano se están volviendo más frecuentes, a pesar de que estos negocios se han transformado en el último recurso económico del país. De hecho, el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, advirtió sobre la posibilidad de clausurar una gran parte de ellos, debido a supuestas evasiones fiscales y el incumplimiento de las normativas relacionadas con la bancarización.
Actualmente, aproximadamente el 65% de los negocios privados en Cuba se encuentran en esta situación, y aquellos que no cumplan con sus obligaciones fiscales y el proceso de bancarización se verán en una posición precaria.
Durante la Asamblea Nacional del Poder Popular, Marrero presentó cifras que evidencian irregularidades en la gestión financiera de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y los trabajadores por cuenta propia (TCP).
En este contexto, según información del Banco Central de Cuba (BCC) y la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT), más del 20% de los emprendimientos no han abierto las cuentas bancarias fiscales que la ley exige.
Además, de las más de 515 mil cuentas fiscales que se han abierto, cerca de 290 mil tienen saldo cero, lo que el gobierno considera como una maniobra para evadir impuestos.
El escenario, afirma Marrero, demanda medidas drásticas, que van desde la revocación de licencias operativas hasta el cierre definitivo de aquellos negocios que no cumplan con las normativas establecidas.
Una de las irregularidades señaladas durante el encuentro fue la negativa de varios negocios a aceptar pagos electrónicos mediante códigos QR, a pesar de contar con las herramientas necesarias para ello.
Asimismo, se abordó el tema de la fiscalización en 2024 y las consiguientes inspecciones, que registraron más de 600 mil casos, de los cuales aproximadamente 370 mil revelaron violaciones a los precios topados.
Esto resultó en la imposición de multas, acumulando más de 980 millones de pesos por este concepto. Se llevaron a cabo 17,767 ventas forzadas, el cierre de 3,522 establecimientos y 1,024 decomisos, según cifras oficiales.
