Foto: Jorge Luis Baños | CN360
En un mes representativo para la comunidad LGBTIQ+, el Ministerio de Salud (Minsa) de Perú ha hecho pública una normativa que considera a las personas de esta comunidad como portadoras de problemas de salud mental debido a sus identidades, lo que representa un retroceso en el país en la lucha contra la discriminación y el reconocimiento de los derechos relacionados con la diversidad sexual.
Este viernes 17 de mayo se cumplen 34 años desde que la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó la homosexualidad de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), un cambio que inspiró la creación del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia en 2005. Sin embargo, esta nueva noticia ha provocado la indignación de gran parte del mundo, ya estén o no vinculados con la comunidad.
El documento, firmado por la presidenta Dina Boluarte, actualiza el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS), presentando una lista detallada de condiciones, intervenciones y atenciones que deben ser financiadas para todos los asegurados, aplicándose en los centros de salud públicos y privados del país.
En este contexto, ha agregado nuevos diagnósticos dentro de los trastornos mentales y del comportamiento, señalando lo siguiente:
“El transexualismo, el transvestismo de rol dual, el trastorno de la identidad de género en la niñez, otros trastornos de la identidad de género, el transvestismo fetichista y la orientación sexual egodistónica” se mencionan como problemas de salud mental, a pesar de que la OMS excluyó la transexualidad de su manual de enfermedades hace dos años.
Por otro lado, el colectivo Más Igualdad Perú está recolectando firmas para enviar una carta al ministro de Salud, César Vásquez.
En este sentido, Percy Mayta Tristán, director del área de investigación de la Universidad Científica del Sur, declaró en el medio Perú 21:
“La población trans no tiene acceso al servicio de salud debido a problemas con el Documento Nacional de Identidad (DNI); en teoría, se presenta como una manera ‘bien intencionada’ de brindar acceso. Sin embargo, utilizan el CIE-10, que les clasifica como enfermos; por lo tanto, la comunidad LGTBI, y en especial la población trans, se opone y pregunta: ‘¿cómo se puede acercar uno a los servicios de salud si ya le están indicando que está enfermo por ser trans?’”.
La única respuesta proporcionada hasta ahora por el Ministerio de Salud es un comunicado contradictorio, donde afirman que la diversidad de género y sexual no son enfermedades ni trastornos, pero que el decreto busca “garantizar que la cobertura de atención sea completa en salud mental”.
Irónicamente, esta comunicación concluye con la afirmación de que: “El Minsa reafirma categóricamente el respeto de la dignidad de la persona y su libre accionar en el marco de los derechos humanos, brindando servicios de salud en su beneficio”.
