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La polémica ley antimigratoria HB4156 ha comenzado a aplicarse desde el primero de julio. Esta legislación tipifica como delito la permanencia de individuos sin estatus migratorio legal en Oklahoma y contempla penas de hasta dos años de prisión, lo que representa un riesgo significativo para cientos de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos.
Promovida por el republicano Jon Echols y ratificada por el gobernador Kevin Stitt, la normativa ha suscitado serias preocupaciones entre defensores de los derechos humanos y las comunidades migrantes.
Con esto, Oklahoma se suma a otros estados republicanos que han endurecido sus políticas migratorias en respuesta a la creciente ola de inmigrantes sin estatus legal.
A pesar de ser conscientes de las repercusiones que esto puede acarrear, la Cámara Baja aprobó la iniciativa con 70 votos a favor y 20 en contra, y al llegar al Senado, la ley recibió la aprobación del gobernador.
En este contexto, se prohíbe que cualquier municipio en Oklahoma se declare “ciudad santuario”, lo que fortalece la colaboración con las autoridades federales en cuestiones de inmigración.
Desde la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, se han manifestado en contra de esta nueva legislación. Esta ley introduce el delito de “ocupación inadmisible”, penalizando la presencia intencionada de personas sin permiso migratorio en el estado, según señalan desde esta entidad.
La Oficina Estatal de Investigaciones de Oklahoma será la encargada de recoger y almacenar información sobre las personas detenidas bajo esta ley, en contraste con los datos disponibles en bases de datos estatales y federales.
