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La Ley de Ajuste Cubano permanece en vigor. Aunque Donald Trump no puede derrogarla, sí tiene la capacidad de limitar su aplicación, según indican especialistas en asuntos migratorios.
En este contexto, los cambios más recientes en el parole humanitario y en otros programas migratorios podrían dejar a miles de cubanos sin la posibilidad de acceder a la residencia legal en Estados Unidos.
Esta ley fue aprobada por el Congreso en 1966, y solo este órgano tiene la facultad de derogar o modificarla. No obstante, el presidente puede incidir en su aplicación a través de agencias como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) o el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), que pueden ajustar la interpretación de requisitos fundamentales.
Uno de los requisitos clave es la “admisión legal”, indispensable para acogerse a la Ley de Ajuste Cubano. La presencia bajo parole se considera como una admisión legal. Por lo tanto, si se restringe o suprime el parole, se disminuirá automáticamente el número de personas elegibles para aplicar.
La reciente cancelación del programa de parole, anunciada el pasado viernes, pone en una situación precaria a más de 500,000 cubanos. Muchos de ellos llegaron a EE.UU. a través de esta opción o están bajo libertad supervisada (a través de documentos I-220A o I-220B). Solo algunos cuentan con opciones legales claras para permanecer en el país.
La orden ejecutiva 14165, firmada por Trump el 20 de enero, tiene como objetivo asegurar la frontera y poner fin a programas de entrada humanitaria. Aquellos sin un fundamento legal para quedarse estarán sujetos a deportación, según un borrador del DHS que cuenta con la firma de la secretaria Kristi Noem.
Desde febrero, el gobierno ha pausado los trámites de residencia para beneficiarios del parole y del programa de reunificación familiar. Aunque esto generó preocupación, los expertos aclararon que la Ley de Ajuste Cubano sigue vigente y no ha sido afectada.
Los cubanos con documento I-94 o con solicitudes fuera de los programas establecidos por Biden pueden continuar aplicando. Sin embargo, aquellos con un estatus provisional o que están a la espera de un asilo enfrentan más dificultades. La mayoría de quienes ingresaron con I-220A no cuentan con una admisión legal formal.
Se estima que alrededor de 70,000 cubanos que llegaron bajo el programa CHNV aún no han logrado regularizar su situación. La eliminación del parole cierra una vía crucial para ellos. La ley continúa en pie, pero cada vez son menos quienes pueden beneficiarse de ella.
