Texto: Mónica Fernández
El 1 de septiembre, entró en vigor en Texas la legislación más restrictiva sobre el aborto que se haya aprobado en Estados Unidos.
Esta ley prohíbe la realización de un aborto una vez que se detecta el latido del feto. Según los expertos médicos, esto ocurre generalmente en la sexta semana de gestación, un momento en el que muchas mujeres aún no son conscientes de su embarazo. La legislación solo permite el aborto en situaciones de emergencia médica, excluyendo los embarazos resultantes de violación o incesto, así como los problemas de viabilidad del feto tras el nacimiento. No solo se prohíbe a los médicos llevar a cabo el procedimiento, sino que también se prohíbe que una tercera persona financie o ayude a una mujer a obtenerlo.
La ley está estructurada de tal manera que, en caso de que se lleve a cabo un aborto después de las seis semanas, la responsabilidad legal recae sobre quien lo haya realizado o asistido. Aunque no se penaliza a la mujer, se le imposibilita el acceso al servicio.
Otra particularidad es que se delega en los ciudadanos la tarea de denunciar un aborto: cualquier individuo puede presentar una demanda contra quien efectúe o intente realizar un aborto prohibido, o que ayude o instigue en el proceso. Como indicó la historiadora Rachel Michelle Gunter, funciona de forma similar a las leyes sobre el tratamiento de esclavos fugitivos, que responsabilizaban a los ciudadanos privados por la aplicación de la ley.
I keep thinking about how this TX abortion law insidiously relies on regular people to enforce it & thinking about the fugitive slave act, which did the same but went farther – requiring people to enforce the law. Are there any other similar laws in US history? #twitterstorians
— Dr. Rachel Michelle Gunter (@PhdRachel) September 1, 2021
Para ello, se emplea un incentivo económico: la ley establece una compensación mínima de $10,000, sin límite en la cantidad que se puede reclamar. Además, está diseñada para colocar a los demandados en una desventaja financiera, obligándoles a pagar sus propios honorarios legales y los de los demandantes en caso de que estos ganen.
¿Qué implica la entrada en vigor de esta ley?
Aparte de lo controvertida que es esta ley, la razón que ha suscitado más preocupaciones es el estancamiento de la Corte Suprema de Estados Unidos. Con una votación de 5 a 4, decidió no bloquear la entrada en vigor de la ley, a pesar de que continúan las impugnaciones legales contra ella en tribunales inferiores.
La clave de por qué no se bloqueó reside en los tecnicismos previamente mencionados. Dado que la ley no penaliza directamente el aborto y se enfoca en demandas civiles, se limita la responsabilidad del Estado respecto a si la legislación vulnera derechos constitucionales. Por lo tanto, si las clínicas y organizaciones que proporcionan servicios de aborto desean bloquear la ley, en lugar de demandar al gobierno estatal, deben dividir sus recursos y demandar a cada uno de los tribunales estatales y locales donde los ciudadanos puedan presentar denuncias. Este es un proceso desgastante y financieramente inviable.
Sin embargo, lo más relevante es que la decisión de la Corte Suprema echa por tierra el precedente que hasta ahora había protegido el derecho al aborto: Roe vs. Wade.
¿Por qué es tan significativo el precedente de Roe vs. Wade?
Roe vs. Wade fue una sentencia histórica de la Corte Suprema de Estados Unidos, que en 1973 determinó que la Constitución garantiza la libertad de una mujer embarazada para elegir abortar sin restricciones gubernamentales excesivas.
El litigio se originó de la demanda federal presentada por Norma McCorvey (alias Jane Roe) contra el fiscal del distrito de Dallas, Henry Wade, quien, como representante del gobierno local en Texas, impidió a McCorvey terminar su tercer embarazo debido a leyes restrictivas. El caso llegó a la Corte Suprema, que falló a favor de la demandante y estableció un precedente importante: definió el acceso al aborto como un derecho fundamental durante el primer trimestre de un embarazo (23-24 semanas). Desde entonces, los gobiernos locales pueden regular o prohibir el aborto.
Muchos creen que el caso Roe vs. Wade legalizó el aborto en Estados Unidos, lo cual no es correcto. Lo que hizo fue modificar la manera en que los Estados pueden regular el aborto, considerándolo como un derecho protegido por la privacidad constitucional. Aunque es poco probable que el precedente sea derogado completamente, el derecho al aborto puede verse alterado por decisiones futuras, ya que ni la Constitución de Estados Unidos ni ninguna ley federal otorgan el derecho al aborto. Por el momento, es un derecho que se sustenta únicamente en precedentes judiciales.
Por ello, varios Estados (con Texas y Mississippi a la cabeza) han continuado aprobando leyes que desafían a Roe vs. Wade. Si estas leyes son impugnadas hasta llegar a la Corte Suprema, esta deberá reevaluar la cuestión y decidir hasta dónde llegan los derechos a la privacidad. En esta ocasión, la Corte Suprema optó por no bloquear la ley de Texas mientras este asunto esté en los tribunales, pero es posible que eventualmente tenga que examinarla y pronunciarse al respecto. Además, en su próxima sesión legislativa, que inicia en octubre, ya está programado un caso relacionado con una ley de Mississippi que prohíbe la mayoría de los abortos después de las 15 semanas, la cual ha sido bloqueada por los tribunales.
No solo se trata de las leyes de Texas y Mississippi. Según el Instituto Guttmacher, 2021 ha sido el año más desfavorable para el derecho al aborto desde un punto de vista legislativo. Durante este año, se han promulgado más restricciones al aborto (90) que en cualquier otro año desde la sentencia de Roe vs. Wade en 1973. Cada una de estas leyes está diseñada para desgastar el sistema.
¿Puede el gobierno federal intervenir?
La postura de la Corte Suprema es consecuencia de la mayoría conservadora que la compone. Recordemos que el presidente Donald Trump tuvo la oportunidad singular de nominar y confirmar a dos jueces, algo que pocos presidentes han logrado debido a la naturaleza vitalicia del cargo. En este contexto, una Administración demócrata se enfrenta a una Corte Suprema con una clara inclinación republicana.
Por su parte, la reacción de la Casa Blanca no se hizo esperar. El presidente Biden prometió luchar por proteger el derecho constitucional al aborto, denunciando que la ley de Texas afectará el acceso de las mujeres a la atención sanitaria. Está en su poder emitir una orden ejecutiva, pero, dado lo divisivo de este tema incluso entre los demócratas, es poco probable que opten por un gasto de capital político tan significativo.
Además, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha anunciado que planea presentar una legislación para consagrar Roe vs. Wade como ley, tan pronto como la Cámara regrese del receso el 20 de septiembre, refiriéndose a la Ley de Protección de la Salud de la Mujer propuesta por la congresista Judy Chu. Sin embargo, debido a los conflictos internos tanto en la Cámara como en el Senado, es poco probable que esta propuesta avance.
Varios expertos legales sostienen que el resultado de la revisión del caso de Mississippi en octubre podría influir en que otros Estados adopten una postura similar a la de Texas. Si la Corte Suprema socava Roe vs. Wade, es posible que decenas de leyes «dormidas» (ya aprobadas a la espera de que se revoque Roe vs. Wade) entren en vigor, haciendo que el aborto sea inaccesible en gran parte del país.
