Foto: Cuba Noticias 360
Como se informó hace unos días, de acuerdo con lo declarado por las autoridades competentes, muchas Mipymes cubanas y entidades estatales están fallando en cumplir con la norma que establece el pago electrónico en sus establecimientos. Esta situación ha llevado a que varios de estos negocios, especialmente los privados, se vean forzados a cerrar.
Es notable el aumento significativo en el número de Mipymes afectadas en un corto periodo debido a esta normativa. En marzo, se reportaron casi 50 cierres, pero dos meses después, la cifra asciende a casi 500, tal como confirmó la ministra del Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez.
La ministra expuso claramente en un programa de la televisión cubana, durante la Mesa Redonda, que el número de establecimientos clausurados por incumplir la normativa que exige ofrecer métodos de pago electrónicos llegó a 476 en menos de tres meses.
“La medida no tiene la intención de perjudicar a los negocios”, añadió la ministra, defendiendo que su objetivo es fomentar la adaptación a las nuevas tecnologías y ofrecer un servicio de mejor calidad a los clientes. Sin embargo, muchos propietarios se muestran reacios a implementarla.
El panorama exhibe diversas facetas: por un lado, están los establecimientos que no cuentan con las condiciones necesarias para implantar las pasarelas de pago, y por otro, la falta de ética en cobrar una comisión adicional al precio del producto si se paga mediante transferencia electrónica, cuando el costo de los servicios debería permanecer sin cambios. A esto se suma, tal vez lo más relevante, la escasez de efectivo y la baja disponibilidad en los cajeros automáticos.
Son frecuentes las denuncias en redes sociales sobre negocios privados, ya sean de gastronomía o de venta de otros productos, que no aceptan el pago electrónico como lo estipula la norma. Las justificaciones que ofrecen para negarse son: «nos están realizando una auditoría», «estamos en trámites con la cuenta bancaria», declaraciones que hacen algunos usuarios.
Luego de la polémica “bancarización”, implementada desde agosto de 2023, llegó esta medida que requería que todos los establecimientos ofrecieran opciones de pago electrónico a sus clientes, y aquellos que no cumplieran con esta norma se verían obligados a cerrar sus pequeñas o medianas empresas.
