Foto: Cuba Noticias 360
El reconocimiento implícito de que en Cuba, durante muchos años, cualquier empresa estatal o unidad presupuestada contrataba servicios o adquiría productos de formas de gestión no estatal y pagaba cantidades millonarias “sin dolor” salió a la luz en una reciente entrevista publicada por un medio local.
Miskel Acosta Paredes, director de Finanzas y Precios en Sancti Spíritus, declaró al periódico Escambray que con la implementación de la Resolución No. 209 de 2024, que entró en vigor el pasado 1 de julio, se busca limitar los gastos excesivos en que incurren las entidades estatales en sus relaciones económicas con las formas de gestión no estatal.
Dicha normativa establece que, en el proceso de contratación económica para la adquisición de bienes y servicios de las formas de gestión no estatal, el sector estatal debe convenir precios y tarifas con una tasa de utilidad máxima que no supere el 30 por ciento sobre el total de los costos y gastos, así como el monto que corresponda por la aplicación de impuestos sobre las ventas y servicios.
“Eso representa un desafío —reconoció el funcionario—, porque hasta ahora, los actores estatales contrataban sin elaborar adecuadamente un pliego de concurrencia, sin llevar a cabo un proceso de negociación, ni definir de manera adecuada los precios basados en su disminución. Hoy, la norma les obliga a revisar una ficha y a definir que ese precio que los nuevos actores le proponen no contiene márgenes abusivos ni especulativos”.
Desde su anuncio oficial, la norma ha suscitado controversia, tanto en el sector estatal como entre el resto de los actores económicos, ya que, según los expertos, ha existido una tendencia entre estos últimos a no declarar fichas de costo y a establecer precios “a ojo de buen cubero”.
En este sentido, Acosta Paredes aseguró que la resolución tiene como objetivo proteger los planes que poseen en las empresas y en el sector presupuestado: “Ellos cuentan con un dinero, un plan, una capacidad financiera y tienen que defenderla; deben negociar y regatear, como hacemos los cubanos en la vida diaria”.
La normativa debería corregir las distorsiones en las relaciones entre todos los actores de la economía, según el funcionario, quien admitió que en la práctica de contratación se ha evidenciado, en ocasiones, favoritismo hacia ciertos actores no estatales y se ha podido detectar enriquecimiento indebido a partir de la contratación de productos y servicios.
“Al revisar informes de la Contraloría General de la República, se ha podido constatar una gran cantidad de presuntos hechos delictivos relacionados con las acciones de contratación entre los actores no estatales y el sector estatal”, enfatizó.
Por ello, el Ministerio de Finanzas y Precios ha subrayado la necesidad de una norma cuyo objetivo es precisamente ordenar los márgenes de utilidad permisibles en las contrataciones entre actores de la economía.
