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Una investigación llevada a cabo por el Ministerio de Comercio Interior ha revelado “graves infracciones” en China Import, el famoso mercado mayorista que fue cerrado poco tiempo después de su apertura al público.
De acuerdo con un comunicado del Gobierno de La Habana, el establecimiento, situado en Manglar entre Oquendo y Nuevo Pilar, era gestionado por un trabajador por cuenta propia de la provincia de Santiago de Cuba, mediante el arrendamiento de un antiguo almacén de la Empresa Suchel de la Industria Ligera.
“Entre las infracciones más serias se encontraron ventas de mercancías en dólares, productos expuestos a la venta sin precios visibles, falta de habilitación de las pasarelas de pago electrónico requeridas, contratación ilegal de mano de obra y la participación de ciudadanos extranjeros como trabajadores, incumpliendo así las condiciones de estancia en el país”, se mencionó.
Por esta razón, tanto el Mincin como la Dirección Provincial de Comercio de La Habana decidieron clausurar el establecimiento y ampliar las acciones de control, lo que incluye el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
Así concluyó “el tiempo de vida” de un mercado mayorista en Cuba, que muchos asociaban a un Costco y que se atrevió a vender públicamente sus productos en dólares o al tipo de cambio informales, según El Toque, una tasa que el Gobierno no reconoce pero tampoco está en condiciones de regular.
Avanzando en la investigación, se identificaron también inconsistencias significativas entre el monto de los impuestos pagados y los volúmenes de operaciones realizadas, particularmente las relacionadas con la importación de mercancías, lo que, sumado a la falta de registros contables y al uso de cuentas bancarias personales para manejar los fondos del negocio, da indicios del delito de evasión fiscal.
Además, “se evidencian deficiencias en la función de control de las autoridades administrativas involucradas, quienes no lograron detectar las irregularidades presentes en la fase de aprobación y ejecución de la actividad comercial, razón por la cual se depuran responsabilidades para aplicar las medidas correspondientes”.
A pesar de que el comunicado concluye que “hechos como este validan el perfeccionamiento del marco regulatorio para las formas de gestión no estatal y sus relaciones con el sector estatal”, quedan varias preguntas sin respuesta.
Primero, no se aclara si la venta al por mayor estaba contemplada en las actividades comunicadas, ni si quienes arrendaron el local estaban al tanto de la situación, o cómo pudo obtener la licencia comercial si las propias resoluciones del Mincin –el organismo que llevó a cabo la investigación– establecen la obligatoriedad de los canales de pago electrónicos y es este uno de los aspectos “graves” de la infracción.
Existen muchas dudas ante un proceso que comenzó a partir de las opiniones y quejas de la población, así como otros elementos divulgados en redes sociales, pero que, en realidad, se observan en más lugares del país, aunque estos no sean objeto de investigación.
