Foto: Cuba Noticias 360
En Cuba, la conexión entre cultura y economía, así como entre creación y mercado, ha sido históricamente conflictiva. Esto se debe en gran parte a la visión romántica del arte como un derecho irrenunciable del ser humano, sin considerar la implicación financiera que lo respalda. Algunos aún creen que el artista crea “por amor al arte”.
Sin embargo, hay especialistas que señalan claramente la importancia de considerar la dimensión económica en cualquier proyecto cultural. Sin una industria, no existen libros, cine ni otras manifestaciones que requieren de procesos específicos que generan costos.
Un ejemplo de ello es el significativo potencial económico que han evidenciado las emergentes industrias creativas en Cuba, a pesar de la limitada visión, la reciente actividad empresarial y la falta de inversión.
Como muestra de esta “estrechez de miras”, la reciente aprobación del Decreto 107/2024, el 19 de agosto, impone aún más restricciones al sector privado y cuentapropista, prohibiendo 125 actividades, entre las que se encuentran 12 categorías vinculadas al arte, el entretenimiento y la recreación, incluyendo el trabajo cultural comunitario.
El descontento de una gran parte del sector artístico cubano con esta normativa “de ordeno y mando” se ha manifestado en asambleas gremiales, tertulias y debates informales, así como, siguiendo la tendencia actual, en las redes sociales, donde los creadores lamentan este retroceso que no solo repercute en los artistas, sino también en los públicos potenciales.
El crítico, ensayista e investigador de cine cubano, Juan Antonio García Borrero, comenta en su muro de Facebook: “Para nuestros legisladores (e intelectuales y funcionarios que respaldan esta decisión), a estas alturas del siglo XXI no se reconoce la autonomía (la libertad) del consumidor, perpetuándose la creencia de que desde la formalidad del sistema institucional, que antes gozaba del monopolio cultural, se puede seguir diseñando (a través de la Política Cultural) lo que el público aceptará de manera pasiva”.
“Ni el Ministerio de Cultura, ni el ICAIC, ni los legisladores tienen el monopolio de la creatividad —añade García Borrero—. Un sistema institucional depende de los creadores, y no al contrario. Cuando la creación se ajusta a los límites impuestos por aquellos en el poder (que tienen una visión del mundo bien definida), esa creación queda mutilada”.
En este contexto, muchos artistas coinciden en que será sumamente difícil desarrollar proyectos culturales privados en el futuro, a pesar de la diversidad y complejidad de las ofertas simbólicas no estatales que coexisten actualmente con las propuestas del sector público en Cuba.
Un claro ejemplo son las mipymes, que operan como pequeñas y medianas industrias culturales, convirtiendo bares y restaurantes en centros nocturnos emblemáticos; una demanda que el Estado está lejos de satisfacer.
Los responsables de la controvertida aprobación del Decreto 107/2024, en su intento de restringir lo máximo posible, no consideraron la diversidad y el impacto social significativo que muchos de estos proyectos generan en sus audiencias.
Los cubanos que en este momento se dedican a la artesanía, el diseño, la producción cinematográfica independiente, la publicidad, la organización de eventos, la enseñanza de bailes y un largo etcétera están transformando el panorama cultural y moldeando la manera en que los ciudadanos interactúan con las producciones simbólicas.
Y la apropiación simbólica —han enfatizado los expertos durante años— no puede ser algo que se prohíba mediante un decreto.
