Los migrantes en situación irregular en Florida podrían verse afectados tras la aprobación por parte de la Legislatura de un controvertido proyecto de ley que impone sanciones de cárcel a aquellos que los transporten o brinden apoyo en el territorio.
Con una votación de 83-36, la Cámara de Representantes estatal aprobó la iniciativa legislativa con el apoyo de la mayoría republicana. De hecho, la semana pasada el Senado también la ratificó por un amplio margen partidista de 27-10.
Durante esta jornada se destacó que la representante cubanoamericana Vicki López, republicana por Miami, se unió a los demócratas en oposición al proyecto de ley. Por su parte, Kiyan Michael, legislador por Jacksonville, al cerrar los debates en el hemiciclo de la Legislatura estatal en Tallahassee, expresó: «El cielo tiene fronteras, el infierno no las tiene».
Ahora solo falta la firma del gobernador Ron DeSantis, un trámite esperado, ya que el proyecto es un pilar fundamental de la estrategia del político republicano en su eventual candidatura presidencial. De ser aprobado, la ley entraría en vigor el 1 de julio próximo.
Además, este proyecto fue el respaldo legislativo que DeSantis solicitó para respaldar su polémico programa de reubicación, tras enviar un grupo de inmigrantes, mayoritariamente venezolanos, desde Texas a Martha’s Vineyard, en Massachusetts, en medio de la controversia con el gobierno federal.
Algunas disposiciones de la legislación son:
- Ampliar los requisitos para que los negocios con más de 25 empleados utilicen el sistema federal E-Verify, que determina quiénes pueden trabajar legalmente en Estados Unidos.
- Prohibir a las entidades gubernamentales estatales y locales hacer negocios con empresas que transporten a «extranjeros no autorizados» a Florida, a menos que sean trasladados para facilitar la «detención, expulsión o salida de la persona de este estado o de Estados Unidos». Las aerolíneas, empresas de autobuses y contratistas independientes pueden seguir trasladando a inmigrantes indocumentados dentro del estado a nombre del gobierno federal, pero podrían arriesgarse a perder un contrato estatal o local.
- Impedir que los gobiernos locales financien organizaciones para emitir documentos de identidad a personas que se encuentran de manera ilegal en el país.
- Invalidar las licencias de conducción emitidas en otros estados que estén en posesión de inmigrantes no autorizados.
- Sancionar con penas de entre cinco y 15 años de cárcel a residentes permanentes o ciudadanos estadounidenses que protejan, encubran o viajen en su mismo vehículo con una persona indocumentada, lo que podría ser considerado una felonía de tercer grado.
- Ordenar a los hospitales con pacientes inscritos en el programa Medicaid que incluyan una pregunta sobre estatus migratorio en los formularios de ingreso, y realicen reportes trimestrales al Departamento de Salud de Florida.
