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Texto: Hugo León
El programa denominado “parole in place”, que permitía a cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses obtener un estatus legal e incluso la ciudadanía en EE.UU., ha sido declarado “ilegal” por un juez federal en el país norteamericano.
Este fallo fue emitido por el juez de distrito J. Campbell Barker, tras una contundente demanda presentada por 16 estados, encabezada por fiscales generales republicanos.
El argumento que sustenta la demanda relaciona esta política con el aumento de la inmigración legal, ya que, según los estados demandantes, el programa de “parole in place” fomenta la llegada ilegal de personas a EE.UU. para beneficiarse de la iniciativa de la administración Biden.
La actual administración lanzó el programa en junio, y para agosto ya había enfrentado su primer revés judicial, cuando el mismo juez decidió suspenderlo temporalmente para evaluar su legalidad.
Finalmente, el magistrado determinó que el gobierno no tiene la autoridad para implementar esta política sin la aprobación del Congreso.
A raíz de este fallo, no se otorgará más la regularización del estatus migratorio sin que los solicitantes abandonen el país, ni se aceptarán nuevas solicitudes a través del formulario I-131F.
El Departamento de Justicia de EE.UU. tiene la opción de apelar el fallo del juez; sin embargo, según analistas, esta no sería una opción realmente viable o duradera, especialmente porque el recientemente electo presidente Donald Trump asumirá el cargo en enero y es probable que busque desmantelar esta política.
El “parole in place” ofrecía a los cónyuges indocumentados e hijos adoptivos de ciudadanos estadounidenses la posibilidad de obtener residencia permanente sin necesidad de salir de EE.UU.
Para ser elegibles, los solicitantes debían demostrar una residencia continua en EE.UU. de al menos 10 años y estar casados con un ciudadano estadounidense antes del 17 de junio de 2024. Además, se requerían verificaciones de antecedentes penales para los solicitantes.
A diferencia del parole humanitario, que también fue llevado a juicio por estados republicanos, el parole in place no tuvo una duración prolongada.
