Foto: Ryanny Torna
Tras la aparición televisiva del presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez el domingo, donde instó a defender la revolución y emitió una orden de combate, la tarde del miércoles 14 de julio se volvió a dirigir al pueblo. En esta ocasión, solicitó la aplicación del “estricto cumplimiento de la ley” contra quienes manifestaron en más de cincuenta ciudades del país, clamando “Libertad”.
Poco después, sus declaraciones fueron respaldadas, como es habitual, por el abogado convertido en periodista Humberto López y el programa Hacemos Cuba. Representantes del Ministerio del Interior y la Fiscalía General de la República fueron invitados a este programa, que intentó infundir el miedo en la población cubana de la manera más tradicional: en el seno de las familias. Esto nos lleva a cuestionar nuevamente, ¿qué tipo de Cuba están tratando de construir desde los medios de comunicación estatales?
La Coronel Moraima Brabet, jefa de la dirección general de investigación criminal del ministerio del interior, y Lisnay Mederos, fiscal jefa de la dirección de procesos penales, explicaron, en referencia a su “responsabilidad en la respuesta a estos hechos”, cómo se procederá con los protestantes.
A pesar de que el artículo 54 de la Constitución de la República de Cuba, vigente y aprobada en 2019, reconoce, respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión; la oficial del MININT aclaró que el grito “patria y vida” será considerado delito de instigación y conllevará penas de cárcel. Uno de los principales argumentos de la coronel es que tales actos “no pueden permitirse porque la calle es de los revolucionarios”, frase que ya había utilizado el propio presidente cubano, y que ha sido respondida en las redes sociales por miles de usuarios de la isla: la calle es de los cubanos.
Las protestas serán calificadas por estas entidades como hechos delictivos y han señalado que responderán con acciones penales. Sin embargo, las invitadas al programa ofrecieron algunas pautas sobre cómo ha sido y cómo será el procesamiento de los cubanos que participaron en estas manifestaciones.
En primer lugar, aclararon que el tratamiento será personalizado, considerando el nivel de responsabilidad demostrado. Se hizo hincapié en la diferenciación: “organizadores, promotores, instigadores, aquellos que financiaron los disturbios, y los ejecutores…” Se evaluará el grado de participación de cada individuo y no todos enfrentarán la misma responsabilidad penal ni, por ende, la misma sanción.
“Los acusados enfrentan sanciones de privación de libertad de 8 a 20 años si la acción se lleva a cabo aprovechando un ciclón, terremoto u otra calamidad pública,” este aspecto tuvo especial relevancia. Según la fiscal, hay circunstancias que agravan la participación y ejecución de un delito, previstas en el artículo 53 del código penal vigente desde 1987 (agravantes del código penal). Mencionó tres de ellas que, según ella, se han evidenciado con fuerza en los eventos de esta semana, sumando años adicionales a las condenas de los implicados.
Cometer el delito aprovechando una calamidad pública, un peligro inminente o una situación especial; destacando que el COVID-19 será considerado penalmente como una agravante. También se mencionó el bloqueo como una situación excepcional.
Además, cometieron el hecho utilizando un medio que represente un peligro común, y cometieron delitos contra personas o bienes relacionados con actividades prioritarias para el desarrollo económico y social del país. Estas dos últimas agravantes fueron identificadas durante el programa transmitido por el canal Cubavisión.
Estas circunstancias tendrán un impacto directo en las condenas, pues tomando como base la sanción máxima (20 años), podrían incrementar la pena considerablemente. “Es legalmente posible que se apliquen varias agravantes o solo una, aunque en todos los casos estará presente la situación del Covid como agravante,” aclaró la representante.
Minutos después, se mencionó un cuarto agravante, aunque fue abordado con menor énfasis, que también podría aumentar la severidad de las condenas para algunos de los detenidos: llevar menores de edad a las protestas. Esto resultará en que se aplique la ley “con mayor rigor” para el adulto responsable. Es vital considerar la responsabilidad de los padres en tales situaciones. En estos casos, el menor deberá ser sometido a un “tratamiento educativo para corregir su conducta” -concluyeron.
En relación a los detenidos, informaron que la mayoría tiene entre 25 y 37 años, aunque también hay jóvenes e incluso menores de edad que asistieron por su cuenta (sin acompañamiento de adultos). Al interrogar Humberto sobre cómo se está considerando este aspecto, la oficial del MININT comentó: “el procedimiento es el mismo”. Estas personas provienen de entornos marginales, con padres que han estado en prisión, lo cual influye en el comportamiento de estos menores.
En cuanto a los jóvenes, se hicieron esfuerzos para desacreditarlos, insinuando con desdén que “ya tienen un historial delictivo”. Si bien hay detenidos con antecedentes penales, la oficial no mencionó el caso de Ariel Falcón, un influencer cubano reconocido en Twitter como “Yo uso mi nasobuco”, famoso en redes y diseñador de profesión. Tampoco se mencionó al cantante Liam Sánchez, ni a periodistas u otros jóvenes detenidos cuyo paradero permanece en la oscuridad y que no cuentan con antecedentes.
“Que la justicia actúe con la prontitud necesaria” fue el lema. Se informó que se llevarán a cabo distintos tipos de procesos, algunos de ellos muy rápidos, con procedimientos sumarios donde los casos se presentarán ante los tribunales en un plazo de 96 horas. Recordemos que estos procedimientos también se aplicaron al inicio de la pandemia, donde ciudadanos de la isla fueron sancionados con hasta un año de prisión por el mal uso de la mascarilla. Sin embargo, en plena crisis sanitaria, se observaba a representantes del gobierno y al propio presidente incumpliendo esta misma medida que fue aplicada con severidad, causando el sufrimiento de cientos de familias cubanas.
“Entre los procesados que estamos analizando, hay quienes se les han impuesto multas administrativas, otros han sido liberados bajo fianza, reclusión domiciliaria u obligación impuesta en actas.” Esto a raíz de la individualización de responsabilidades mencionada anteriormente, aunque dejaron claro que todo delito quedará registrado. Los delitos de robo con fuerza, en modalidades agravadas, y lesiones, requerirán más tiempo para su resolución. Esto incluye asaltos a tiendas en MLC y agresiones a policías, entre otros.
En cuanto a la represión, ni en la Mesa Redonda, Hacemos Cuba, ni en ningún espacio mediático controlado por el gobierno cubano se abordó la otra faceta de la violencia: la sufrida por la población. Sin embargo, esta ha quedado inmortalizada en innumerables imágenes y videos, como las impactantes fotos de Ramón Espinosa, fotógrafo de la agencia The Associated Press, quien fue agredido mientras realizaba su trabajo. Y aunque todas las imágenes presentadas por el estado muestran agresiones a sus representantes, el primer fallecido fue un joven del pueblo, cuya historia también incluye el reciente suicidio de su madre. ¿Quién asumirá la responsabilidad por esto? No hay espacio para tales cuestionamientos en los medios oficiales ni en las instituciones que deberían representar al pueblo.
Humberto comentó que considera los sucesos como un grave impacto en el espacio simbólico “porque Cuba es un país tranquilo,” y aunque no hizo alusiones directas, utilizó recursos que evidenciaban su preocupación sobre cómo los actos del 11 de julio, que han copado titulares a nivel mundial, impactarán el turismo de la isla. Sector en el que el gobierno cubano ha volcado esfuerzos pese a los altos niveles de contagio por coronavirus y la llegada de casos importados al país diariamente. Sin embargo, si quedaban dudas, sus invitadas las despejaron. “Uno de los mayores patrimonios es la tranquilidad para quienes nos visitan,” “los turistas llegan y lo que primero perciben es la tranquilidad ciudadana,” añadieron.
Otra de las tantas estrategias recicladas, alegar que todo se hace en favor del pueblo, fue también un intento de reforzar lo expuesto en esta edición de Hacemos Cuba. “Nuestro pueblo es mayoritariamente culto, inteligente, trabajador y desea esa tranquilidad ciudadana,” declaró la fiscal. Al parecer, aquellos que no sean cultos o inteligentes tampoco tienen derecho a vivir tranquilamente en Cuba.
“La directiva que tenemos es ser severos con estas conductas, representar al estado con rigor y severidad,” “Nuestro país es a muerte,” “Nos hacemos cada vez más fuertes,” fueron expresiones impregnadas de imposición y triunfalismo que marcaron el cierre de esta jornada, además de la discriminación en todas sus formas: por origen, por nivel educativo, y sobre todo, por ideales.
