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Texto: Fede Gayardo
La Embajada de EE.UU. en España ha instado a sus proveedores comerciales a firmar un documento que certifique que no aplican ninguna política interna de «diversidad e inclusión» que infrinja las leyes antidiscriminación de EE.UU.
Esta petición, de acuerdo a lo informado por El Confidencial, busca eliminar las iniciativas de diversidad e inclusión, a pesar de que en España la legislación obliga a las empresas con más de 50 empleados a implementar programas de Igualdad y LGTBI.
El medio menciona que «las empresas afectadas tienen un plazo de cinco días para certificar por escrito esta nueva normativa», ya que, de no hacerlo, la embajada suspenderá sus pagos.
Además, se señala que esta disposición será aplicable a todos los países que mantienen relaciones diplomáticas con EE.UU., por lo que no se limita únicamente a España.
Es importante destacar que esta exigencia solo aplica a aquellas operaciones sujetas a la ley estadounidense o a empresas que tengan actividad en EE.UU. Por lo tanto, una compañía española que ofrezca servicios a la embajada pero opere exclusivamente en España quedaría excluida y podría continuar con sus políticas de diversidad e inclusión.
Por último, El Confidencial asegura que «las empresas que han recibido el requerimiento están evaluando cómo armonizar la nueva exigencia de la Administración Trump con las normativas europeas relacionadas».
Esta acción se enmarca en las directrices promovidas por Trump desde el inicio de su mandato, cuando dos días después de asumir el cargo, su Oficina de Gestión de Personal envió una comunicación a todas las agencias y dependencias del Gobierno federal, ordenando el cierre de las oficinas de DEI (diversidad, equidad, inclusión) y la baja administrativa de todo el personal asignado a estas áreas.
“Construiremos una sociedad que no juzgue por el color de la piel y que se base en el mérito”, afirmó Trump durante su discurso de investidura en el Capitolio. Con esta declaración, el presidente estadounidense eliminó las políticas de DEI en el Gobierno, cortando los fondos destinados a estas iniciativas y revirtiendo las órdenes ejecutivas previas instauradas tanto en el sector público como en el privado por Joe Biden.
