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La condena impuesta recientemente por un tribunal de Florida para Claudia Patricia Díaz Guillén y su esposo, quien se desempeñó como enfermera y guardaespaldas del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, es de 15 años de prisión y tres años de libertad vigilada.
Ambos deberán restituir un total de US$136 millones en bienes y efectivo, que representa las ganancias obtenidas a través de un esquema corrupto de lavado de dinero. Además, cada uno enfrentará una multa de US$75.000, según un informe de la BBC.
Previo a esta sentencia, en diciembre de 2022, Díaz Guillén había sido declarada culpable de dos de los tres cargos de lavado que se le habían presentado en una corte de Florida. Su cónyuge, Adrián José Velásquez Figueroa, quien fue jefe del Departamento de Seguridad del palacio presidencial de Miraflores durante el régimen chavista, fue acusado de los tres cargos en su contra.
La Fiscalía había solicitado una sanción de 23 años y 5 meses para Díaz Guillén y de 19 años y 5 meses para Velásquez Figueroa.
Es importante recordar que Díaz Guillén fue parte de la Guardia de Honor, un cuerpo encargado de la seguridad de los presidentes de Venezuela, y formó parte del equipo médico que atendía al mandatario. Chávez la nombró Tesorera Nacional, cargo desde el cual acumuló riquezas mediante un esquema de lavado de dinero, según la Fiscalía estadounidense.
Un primer juicio se llevó a cabo en 2018 en Madrid, donde la pareja residía, a raíz de una solicitud de extradición de las autoridades venezolanas, que los acusaban de delitos de blanqueo y enriquecimiento ilícito. Sin embargo, no fue hasta 2022 que las autoridades españolas aprobaron la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos.
Según datos proporcionados por la Fiscalía estadounidense, entre 2011 y 2013, Guillén recibió sobornos de al menos US$65 millones, que fueron pagados por el empresario venezolano Raúl Gorrín, dueño del canal de noticias Globovisión, quien actualmente es solicitado por la justicia en EE. UU. Esto permitió a Gorrín llevar a cabo operaciones de cambio de divisas bajo el estricto control cambiario impuesto por Chávez en Venezuela.
En cuanto a su cónyuge, las autoridades lo consideran una figura clave para ejecutar estas operaciones. Se alega que parte de los sobornos fueron abonados mediante transferencias a su nombre o a empresas de su propiedad.
Hasta el momento, Díaz Guillén no ha admitido ninguna culpa en los delitos que se le han imputado. Los abogados de ambos han manifestado su intención de apelar la sentencia.
