Fotos Instagram Oficial Seimas
Texto: Mónica Fernández
El 30 de junio pasado, el Parlamento de Lituania (Seimas) aprobó una Resolución (82 votos a favor y 17 abstenciones) que condena al gobierno cubano. Este proyecto de resolución fue presentado por 35 diputados, incluyendo a la presidenta del Parlamento, Viktorija Čmilytė-Nielsen, el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, Žygimantas Pavilionis, y los diputados conservadores Emanuelis Zingeris y Laima Liucija Andrikienė, entre otros.
A resolution on the massive terror by the Cuban government against the people of #Cuba adopted by @LRSeimas. As I’ve mentioned, any economic agreements lifting the sanctions imposed on the Cuban regime are possible only after the regime takes clear steps towards #democracy. pic.twitter.com/ckH8gv5jAB
— Emanuelis Zingeris (@Zingeris) June 30, 2021
«No es políticamente correcto ratificar el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la UE y Cuba ni otorgar condiciones favorables al gobierno cubano que permitan al régimen continuar su peligrosa estrategia regional y aumentar la represión sobre el pueblo cubano». Este extracto de la resolución, junto con declaraciones de Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders, que citan el artículo 25 de la Convención de Viena, ha generado preocupación sobre el futuro del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión Europea y Cuba.
¿Por qué Lituania se manifiesta ahora si el Acuerdo fue firmado en 2016? Es relevante recordar que Lituania es el único país que no ha ratificado el Acuerdo. Sin su aprobación, este documento político no podrá entrar en vigor de manera definitiva, y actualmente lleva cinco años funcionando de manera provisional. La ratificación de este acuerdo está en manos del Parlamento lituano, y su reciente Resolución indica que no tiene intenciones de hacerlo. Para comprender mejor el contexto y objetivo de la votación reciente, examinemos el tema más a fondo.
El 18 de marzo de 2021, el eurodiputado por Renew Europe, Ramón Bauzá, preguntó al Alto Representante Josep Borrell sobre qué sucedería con el Acuerdo si Lituania se negaba a ratificarlo. Tres meses después, la respuesta brindada por Borrell podría haber influido en la decisión del Parlamento lituano. En su respuesta del 2 de junio de 2021, Borrell respondió a Bauzá que: “El Alto Representante/Vicepresidente no tiene conocimiento de que Lituania haya notificado a la Unión Europea que no considere ratificar el acuerdo. Por lo tanto, la UE presume que Lituania ratificará el acuerdo cuando corresponda”. También aclaró que el derecho internacional no establece un límite temporal específico para la duración de la aplicación provisional de un acuerdo. Dado que ha estado en vigor provisionalmente durante cinco años, si Lituania prosigue su silencio, este estatus podría extenderse indefinidamente. En respuesta, el Seimas aprobó la Resolución del 30 de junio, dejando clara su intención de no ratificar el Acuerdo mientras no se cumplan ciertas condiciones.
Borrell acertó en su argumento: hasta el 30 de junio, el Parlamento lituano no había descartado la posibilidad de ratificar el Acuerdo. En el año anterior, la comisión parlamentaria de Asuntos Exteriores intentó votar sobre este tema, pero los miembros del partido Unión de la Patria – Democratacristianos Lituanos abandonaron la sala en señal de protesta.
Según un medio local, estos políticos argumentaron que el acuerdo beneficiaría al régimen antidemocrático de Cuba, traicionando así a los prisioneros políticos cubanos y a sus aliados en el Congreso de los Estados Unidos. Sin embargo, el medio también informa que expresaron interés en utilizar la «carta de Cuba» como herramienta para buscar el apoyo de la Unión Europea contra una planta nuclear bielorrusa que Lituania considera peligrosa. La votación fue polémica desde el principio, ya que tras su anuncio, el Primer Ministro lituano recibió una carta del entonces Secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, instando a continuar votando en contra del Acuerdo como «símbolo de apoyo al pueblo cubano».
Rosa María Payá, líder de Cuba Decide, se sumó a esta petición: «Pedimos al pueblo y a los parlamentarios de Lituania, que conocen las desgracias del comunismo y la importancia de la solidaridad internacional, que se alineen con el pueblo cubano y no ratifiquen este acuerdo favorable a la dictadura cubana».
La Resolución del Seimas del 30 de junio es, sin duda, una señal contundente para la Unión Europea y para Cuba, indicando que el Acuerdo Político y de Cooperación está en riesgo. Especialmente porque ocurrió solo veinte días después de que el Parlamento Europeo aprobara otra resolución que condena las violaciones de derechos humanos y la persecución política en Cuba.
Sin embargo, el paso definitivo para suspender el Acuerdo, conforme al artículo 25 de la Convención de Viena, sería que el Ejecutivo de Lituania enviara una carta al Parlamento Europeo notificando la decisión del Seimas. Aún no ha sucedido, pero es una posibilidad tangible, considerando que algo significativo ha cambiado de 2020 a la actualidad. Linas Linkevičius, político del Partido Socialdemócrata Lituano, quien desde su cargo como Ministro de Relaciones Exteriores de 2012 a 2020, apoyó la ratificación del Acuerdo con Cuba para debilitar la influencia de China y Rusia en la región, fue reemplazado este año por Gabrielius Landsbergis, miembro del partido Unión de la Patria – Democratacristianos Lituanos.
Los democratacristianos, además, tienen un historial establecido de relaciones con la oposición cubana. Una de las figuras más reconocidas es Emanuelis Zingeris, un parlamentario que fue firmante del Acta de Refundación de 1990 que restableció el Estado lituano. Ha ocupado puestos de liderazgo en las Comisiones de Relaciones Exteriores y Derechos Humanos del Seimas, fue vice-presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y presidió la Comisión Internacional para la Evaluación e Investigación de los Crímenes cometidos durante las ocupaciones nazi y soviética en Lituania. En 2020, Zingeris fue galardonado con el premio «General Calixto García por la Libertad», otorgado en su primera edición por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.
Por su parte, la resolución lituana fue seguida por una carta de siete senadores y congresistas estadounidenses enviada al presidente de la Comisión Europea y al Alto Representante, solicitando que “se niegue a ampliar las relaciones comerciales o diplomáticas con el régimen opresor cubano hasta que se reconozcan las libertades básicas y los derechos humanos”. ¿Fue coincidencia que la carta fuera enviada el mismo día que se votó la Resolución? Es improbable. También es relevante mencionar que la congresista republicana Nicole Malliotakis (hija de madre cubana y la única republicana que representa a Nueva York en el Congreso) presentó en mayo una propuesta de resolución “H.Res.440 – Elogiar a Lituania por negarse a ratificar el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación de la Unión Europea con Cuba”, que recibió el co-patrocinio de los congresistas de Florida, María Elvira Salazar y Carlos Giménez, así como del texano Michael McCaul.
Hace un año, el ex-Ministro de Relaciones Exteriores y actual miembro del parlamento, Audronius Ažubalis, quien también pertenece al partido Unión de la Patria – Democratacristianos Lituanos, comentó en un programa televisivo que Lituania no debería descartar la opción de ratificar el Acuerdo; más bien, debería posicionarse como una oportunidad para que la Unión Europea elabore una hoja de ruta con períodos claramente definidos, donde se detallen los compromisos del gobierno cubano en el ámbito de la democracia y los derechos humanos, condicionando el apoyo financiero y tecnológico de la UE al cumplimiento de esos compromisos.
Entonces, ¿qué sucedería si Lituania formaliza su decisión de no ratificar el Acuerdo? En tal caso, la Unión Europea se vería obligada a cancelarlo o renegociarlo. Si opta por la segunda vía, es posible que Cuba enfrente una serie de reclamaciones relativas a derechos civiles y políticos.
Esta parece ser la estrategia más factible, la cual también fue expuesta en una carta del eurodiputado español Javier Nart a su colega lituano Petras Auštrevičius este 5 de julio, que incluye la siguiente propuesta: “Una opción más cómoda y diplomáticamente razonable sería que su gobierno comunicara al Servicio Europeo de Acción Exterior la necesidad de adherirse a la Resolución P9_TA(2021)0292 para retrasar la comunicación del gobierno lituano sobre la no ratificación del PDCA, pero esto en términos enfáticos, para que el Acuerdo demuestre a todos los Estados miembros de la Unión Europea, una vez corregidos los aspectos mencionados en la Resolución del Parlamento Europeo, su potencial efectividad en la promoción de la democratización en Cuba, lo que actualmente no está sucediendo”.
¿A qué se refiere Nart? Por ejemplo, al punto 8 de la resolución del Parlamento Europeo que exige al Servicio Exterior no participar en futuros diálogos políticos y sobre derechos humanos con Cuba a menos que haya una representación adecuada de la sociedad civil. Pero, ¿accederá Cuba o preferirá retirarse del Acuerdo?
El Informe Anual sobre Derechos Humanos y Democracia de la Unión Europea ofrece una indicación sobre este tema. Aunque menciona que “la libertad de expresión, asociación y reunión seguía siendo objeto de graves restricciones en 2020 y se reportaron numerosas detenciones y encarcelamientos arbitrarios” en Cuba, el reporte indica, de manera muy superficial, que la delegación de la Unión Europea en Cuba ya ha comenzado los trabajos preparativos para la creación de una hoja de ruta para el compromiso con la sociedad civil en Cuba. ¿Qué incluye esta hoja de ruta? No se ha revelado nada al respecto, salvo que se reconoce que esta sociedad civil es cada vez más diversa y centrada en temas específicos, demandando un diálogo real con las autoridades. De todos modos, este nuevo documento se elabora en un contexto de serias problemáticas: en las últimas semanas, se han reportado numerosos casos sobre el deterioro de los derechos humanos en Cuba y acciones de denuncia ante organismos internacionales.
Por ejemplo, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) anunció mediante un comunicado que ha presentado una denuncia al gobierno cubano ante el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La organización alega haber contabilizado más de 30.786 detenciones arbitrarias en los últimos cinco años contra opositores políticos, periodistas y activistas independientes. Un informe del Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, menciona a Cuba como uno de los gobiernos que imponen cortes de Internet durante manifestaciones. Reporteros Sin Fronteras también acaba de incluir al presidente Miguel Díaz-Canel en su lista de “depredadores” de la prensa.
Cuba puede optar por retirarse del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (recordemos la casi ruptura de relaciones durante el período de la Posición Común), pero la crisis económica es tan severa que las consecuencias de tal decisión podrían ser devastadoras para el país. La alternativa es incorporar a la sociedad civil en el diálogo. Pero, ¿lo hará el gobierno cubano? Al final, este parece ser el objetivo del papel de Lituania en este asunto: forzar una resolución, ya sea continuar con el Acuerdo comprometiendo a Cuba a llevar a cabo reformas específicas en un marco temporal definido, o concluir que el Acuerdo en su estado actual no beneficia al pueblo cubano.
