Artículo: Mónica Fernández
Una vez más, se ha reportado la muerte de niños tras la administración de un medicamento inyectado en un centro de salud cubano. Lamentablemente, este tipo de situaciones no solo ocurren en Cuba. Sin embargo, es fundamental que las familias y la población cubana reciban información clara y un proceso legal que sea transparente y oportuno.
¿Qué sucedió?
El 7 de abril de 2021, cuatro de los seis bebés que recibieron un tratamiento de Ampicilina en la sala de neonatología del hospital “Dr. Agostinho Neto” en Guantánamo manifestaron reacciones adversas. Dos de ellos fallecieron, mientras que los otros dos se encuentran en estado crítico. Hasta el momento, esa es la información disponible a través de una breve nota de prensa del Ministerio de Salud Pública de Cuba (MINSAP), que también indicó que se ha formado una comisión para investigar los hechos.
¿Te suena conocido? Alrededor de un año y medio antes, ocurrió un incidente con ciertas similitudes. El 9 de octubre de 2019, murió la niña de un año, Paloma Domínguez Caballero, después de recibir la vacuna PRS (Parotiditis, Rubéola y Sarampión). Esta vacuna le fue administrada dos días antes en el policlínico “Betancourt Neninger” en La Habana del Este.
La muerte de Paloma impactó la percepción pública en Cuba sobre los protocolos de vacunación, aunque no generó un cambio de paradigma significativo. En ese momento, el peso de la historia y la carga política de las campañas de vacunación fueron más importantes que la promesa de una respuesta legal adecuada y la aceptación de la fatalidad de estas tragedias. La estrategia comunicativa del MINSAP, aunque deficiente, resultó efectiva.
Sin embargo, la situación actual difiere notablemente de la que reinaba cuando Paloma falleció. En primer lugar, ahora hay un precedente documentado. A pesar de que el gobierno cubano logró calmar las aguas al informar que la enfermera que administró la vacuna no siguió los protocolos, seis meses después del juicio, no existe información pública sobre la sentencia dictada.
¿Por qué no se ha hecho pública la resolución de ese juicio? Podría argumentarse que es por respeto a la privacidad de la enfermera, pero la realidad es que en otros casos judiciales con un trasfondo político – como en el caso Clandestinos o los juicios exprés por no utilizar nasobuco – el gobierno cubano no dudó en excederse, televisando los juicios y utilizándolos como lecciones ejemplares.
Recordemos los detalles del «Caso Paloma»
Luego de la muerte de Paloma, el 11 de octubre de 2019, su madre, Yaima Caballero, realizó la primera de varias publicaciones en su cuenta de Instagram. Ese mismo día, Alex Otaola compartió un video enviado por los padres de Paloma, donde afirmaban que su bebé había sido “asesinada por una vacuna aparentemente en mal estado”.
Pronto, el diario 14ymedio se puso en contacto con Yaima Caballero, quien ofreció un relato detallado sobre el día del incidente, los tratamientos médicos y la evolución de su hija. La madre reconoció el trato profesional de los médicos y la enfermera que administró la vacuna, pero se quejó de la falta de información sobre la causa de la muerte.
A pesar de que Paloma falleció un miércoles, no fue sino hasta el sábado que el Ministerio de Salud Pública emitió una nota de prensa confirmando el acontecimiento, así como el ingreso de otros cuatro niños. En dicha nota se anunció la formación de una comisión para evaluar el caso y se reafirmó que la vacuna utilizada, importada de la India, cumplía con todos los estándares internacionales. No obstante, la familia de Paloma tuvo que esperar cinco días para que las autoridades sanitarias se comunicaran con ellos, lo cual solo ocurrió después de las fuertes críticas de Yaima Caballero a un tweet del presidente Miguel Díaz-Canel.
Lamentamos la dolorosa pérdida de la bebé Paloma. Mis condolencias a sus padres. #MINSAP investiga y cuida celosamente a otros niños afectados. Ofende y lastima la manipulación política de adversarios. Nada más importante que un niño para la #RevoluciónCubana. #SomosCuba
— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) 14 de octubre de 2019
Los padres de Paloma recibieron una llamada del Director Nacional del Programa Materno Infantil (PAMI), quien les ofreció sus condolencias. Ello también confirmó verbalmente que la causa de la muerte no se debió a problemas con la vacuna, ya que se comprobó su efectividad en el resto del país. Para ese entonces, la noticia de la muerte de Paloma ya había sido difundida por algunos medios internacionales, quienes, sin esperar un dictamen oficial, ayudaron a fortalecer la narrativa. El periódico español ABC la catalogó como un caso de negligencia médica, mientras que la cadena estadounidense Telemundo 51 afirmaba que se debió a una vacuna vencida. Por su parte, 14ymedio fue más cauteloso, considerando dos posibles causas: un defecto de fabricación de la vacuna o un fallo en la conservación del producto.
El 16 de octubre, la respuesta del gobierno llegó a través de un especial en el medio digital de mayor alcance en el país, Cubadebate. El artículo, titulado Las vacunas no son el problema, confirmó que Cuba importa la vacuna PRS de la compañía india Serum Institute, que está certificada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (CECMED). La vacuna que recibió Paloma formaba parte de un lote de 8,700 frascos, distribuidos en todo el país. El texto de Cubadebate también mencionó que los padres de Paloma se trasladaron a otra provincia después de su muerte, lo cual se usó para justificar la demora en comunicarse con ellos. Y concluyó afirmando que este hecho aislado no debería generar temor en los padres cubanos a la hora de vacunar a sus hijos.
Dos días antes, una investigación de El Nuevo Herald reveló que en 2002 hubo problemas en Cuba relacionados con una vacuna de la misma compañía india, y que entre 1999 y 2008 al menos ocho menores murieron en Cuba por episodios asociados a la vacunación. La nota incluyó las declaraciones de un médico cubano que confirmó que la mayoría de los policlínicos no cuentan con el equipo necesario para mantener los estándares de refrigeración de las vacunas.
El mismo día que Cubadebate intentaba calmar los ánimos públicos, otro artículo, esta vez en el medio no estatal El Toque, revelaba que el certificado de defunción de Paloma consignaba fallo múltiple de órganos como causa de muerte. Los familiares de los otros niños ingresados aseguraron a la periodista que, tras la muerte de Paloma, se detuvo la campaña nacional de vacunación, y que las autoridades de salud, del gobierno y del Partido Comunista estaban realizando visitas periódicas al hospital.
El 22 de octubre, dos semanas después del fallecimiento de Paloma, Yaima Caballero pidió a sus seguidores que cambiaran su foto de perfil por la de su hija fallecida, como parte de una campaña de presión social bajo el hashtag #JusticiaParaPaloma. Sin embargo, el 7 de noviembre, en una entrevista con Cubanet, anunció que ella y su esposo habían abandonado el país, alegando que ambos fueron citados por el MINSAP, donde militares les informaron que podrían ir a la cárcel por sus declaraciones a los medios y la campaña que realizaron.
La investigación llevada a cabo por el Ministerio de Salud Pública de Cuba (MINSAP) fue publicada al día siguiente, el 8 de noviembre. El informe oficial determinó que la muerte de Paloma fue atribuible a un síndrome de shock tóxico causado por la bacteria Staphylococcus aureus. De acuerdo con el informe, la contaminación se produjo debido a violaciones de las normas de higiene por parte de la enfermera encargada de la vacunación. Por lo tanto, dicha enfermera fue separada de manera definitiva del Sistema Nacional de Salud, se le inhabilitó para ejercer su profesión y se inició un proceso penal en su contra. Yaima Caballero respondió a través de una carta abierta publicada en CiberCuba, donde admitía que, si bien manipuló incorrectamente el frasco, el problema es institucional y el gobierno no se comprometió a implementar medidas para evitar que algo similar vuelva a suceder.
Inicialmente programado para el 14 de agosto de 2020, el juicio a la enfermera se llevó a cabo el 16 de octubre de 2020 debido a reprogramaciones por el COVID-19. De acuerdo con familiares de Yaima Caballero que estuvieron en la sala, la enfermera reconoció su responsabilidad. La Fiscalía solicitó una sanción de doce años de privación de libertad, mientras que el abogado defensor pidió una reducción de la pena a cinco o siete años. La sentencia debía ser anunciada el 22 de octubre de 2020, pero hasta la fecha, ni Yaima Caballero ni el MINSAP ni otras instituciones gubernamentales o medios estatales han proporcionado información pública sobre la misma.
Entonces, ¿cómo queda la credibilidad?
A pesar de que las instituciones gubernamentales cubanas tienen como política no oficial el uso del silencio como método para manejar escándalos, el caso de Paloma demostró que el costo político es menor si la información se confirma oficialmente antes de que los rumores y especulaciones tomen fuerza.
Ya sea por negligencia médica en la administración de dosis a los recién nacidos o por la mala calidad de los medicamentos, en esta ocasión, el MINSAP optó por aceptar la realidad de unos hechos que, por cierto, son difíciles de ocultar en el contexto actual. Incluso el tono del presidente Miguel Díaz-Canel fue diferente, limitándose a ofrecer condolencias a las familias y omitiendo la politización del suceso.
Lamentamos las consecuencias del evento reportado el pasado 7 de abril en el servicio de neonatología del Hospital General Docente Dr. Agostinho Neto, en la provincia de Guantánamo, relacionado con el uso de un medicamento. Nuestras condolencias a los familiares de los niños fallecidos.
— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) 9 de abril de 2021
Existen aún muchas preguntas sin respuestas: ¿Fue negligencia o estaban mal las condiciones del medicamento? ¿Quién es el responsable? ¿Qué medidas se tomarán? Y, dado que sienta precedentes: ¿qué decisión se tomó en el caso de la enfermera que administró la vacuna a Paloma?
No olvidemos que Cuba se encuentra al borde de una campaña de vacunación masiva para inmunizar contra el COVID-19 a toda la población, incluidos los niños. Es un momento especialmente delicado para el MINSAP, que necesita generar confianza en la ciudadanía sobre su capacidad para administrar vacunas de manera segura.
Los casos de Paloma y de los niños fallecidos en Guantánamo merecen más que una simple nota informativa. El gobierno cubano, incluido el MINSAP, debe a sus familias y a los cubanos un seguimiento comunicativo ético y la garantía de que se han implementado medidas no solo hacia la persona responsable en cada caso, sino también en la revisión y mejora de los protocolos que no lograron prevenir estas muertes.
