Tras cuatro días consecutivos de manifestaciones, el presidente Iván Duque anunció este domingo que solicitará al Congreso de Colombia que no vote la propuesta de reforma tributaria, sino que se elabore una nueva que surja del diálogo con partidos y movimientos.
«Pido al Congreso de la República que retire el proyecto presentado por el Ministerio de Hacienda y que se tramitemos de manera urgente un nuevo proyecto resultante de consensos, para así evitar la incertidumbre financiera», expresó el presidente, añadiendo: «La reforma no es un capricho. Es una necesidad. La discusión no se centra en retirarla o no, sino en garantizar la continuidad de los programas sociales».
¿Cuál era el contenido de este proyecto? Este incluía un incremento en los impuestos sobre la renta y los productos básicos, ya que el gobierno colombiano justificaba la necesidad de la reforma tributaria debido al alto gasto que ha tenido que afrontar el país para sostener los programas sociales implementados durante la pandemia.
Para intentar calmar el caos, el pasado viernes, Duque anunció que la reforma ya no incluiría el impuesto a las ventas de alimentos o servicios públicos, ni una expansión del impuesto sobre la renta. Sin embargo, las protestas contra el proyecto continuaron.
El proyecto tenía como objetivos principales ampliar la base de recaudación tributaria, evitar que la deuda de Colombia resulte en una degradación en las calificaciones de riesgo internacionales, institucionalizar la renta básica y crear un fondo para la conservación del medio ambiente.
Inicialmente, la reforma fiscal pretendía recaudar 23,4 billones de pesos (US$6.294 millones), lo que equivale a un 2% del PIB.
Sin duda, uno de los aspectos más controvertidos era la propuesta de gravar con impuesto sobre la renta a aquellas personas que ganaran un salario mensual superior a US$663, en un país donde el salario mínimo es de US$234.
Adicionalmente, la ley proponía la aplicación del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA), que en Colombia es del 19%, a productos de consumo básico como los servicios públicos (agua, electricidad y gas), servicios funerarios, dispositivos electrónicos como computadoras y otros servicios que hasta ahora estaban exentos.
Las manifestaciones han dejado, hasta este domingo, al menos seis muertos y cientos de heridos, aunque diversas organizaciones sociales reportan un número mayor de fallecidos.
Las reacciones del pueblo colombiano, sin embargo, deben analizarse en un contexto más amplio. Por mucho que Duque intente destacar el valor asistencialista de su reforma, sus iniciativas económicas enfrentan un problema que podría ser insalvable: la desconfianza.
Según un artículo publicado por la BBC, la economía colombiana está vinculada al clientelismo político que ha eximido de impuestos y competencia abierta durante años a los grandes oligopolios del banano, el azúcar, la minería y otros sectores.
En otras palabras, un cambio en este modelo desigual y excluyente —que para muchos exigirá una mayor democratización en salud y educación— está en el centro de este movimiento de protesta.
Además, se suma la desconfianza de los manifestantes hacia el gobierno, que va más allá de lo económico: también se manifiesta hacia la fuerza pública, una institución clave en un país con 60 años de conflicto armado a su haber.
Es que la generación que lidera las protestas hoy ha crecido en un país en guerra, y su mayor deseo es que la política supere los traumas del conflicto y permita, incluso a través de la protesta pacífica, abordar temas como la educación, los derechos sociales y la legalización de las drogas, entre otros asuntos que han sido tabú en el debate colombiano durante décadas, lo que se traduce en una mejor implementación del proceso de paz.
