Foto: Cuba Noticias 360 (imagen de referencia)
Texto: Fede Gayardo
Hasta finales de agosto de este año, los tribunales de Cuba han juzgado a 1,615 personas por delitos relacionados con el sacrificio ilegal de ganado mayor y el tráfico de carne, de acuerdo con el informe del diario estatal Granma.
Aunque la fuente no proporcionó una comparación con el mismo periodo del año anterior, destacó que el 90% de los sancionados recibió penas de privación de libertad, siendo que el 78% de esos casos son sentencias de hasta 15 años.
El reporte también señala que, según el Código Penal y las circunstancias de los delitos, se aplicaron a los acusados medidas como el decomiso o la confiscación de bienes, así como otras sanciones establecidas en la legislación cubana.
Adicionalmente, se determinó que los responsables deberán reparar a las víctimas el monto de los daños causados.
El Código Penal de la isla establece penas de entre 4 y 10 años de privación de libertad para quienes sacrifiquen ganado ajeno. En casos de tráfico de carne, las sanciones podrían oscilar entre 3 y 8 años de cárcel.
En lo que respecta a los receptadores de estos delitos, las penas pueden variar de seis meses a un año de prisión, o multas de 100 a 300 cuotas, o incluso la combinación de ambas sanciones.
El medio mencionado aclara que si la carne se destina a centros de elaboración, producción, comercio o venta de alimentos, la sanción puede aumentar de uno a tres años, además de una posible multa que podría ir de 300 a mil cuotas, o ambas opciones.
De igual manera, esta sanción se puede aplicar a propietarios o poseedores legales que sacrifiquen ganado mayor «sin la autorización administrativa o causa que lo justifique».
Las sanciones también se extienden a actividades de adquisición, transporte, comercialización y otras variantes de tráfico de carne derivadas de sacrificios ilegales.
Con el fin de controlar estas actividades, el Estado cubano inició en marzo pasado un censo para regular el uso y tenencia de la tierra y la ganadería, visitando a los más de 80,000 tenedores de ganado, tanto naturales como jurídicos.
Los medios estatales han informado que se ha visitado al 85% de los tenedores de ganado bovino, donde se reportaron más de 150,000 ilegalidades, de las cuales más del 90% ya se han resuelto.
Respecto a las multas impuestas, se ha registrado un total superior a 172 millones de CUP, además de la extinción de contratos y la presentación de procesos judiciales contra productores que enfrentan serias dificultades en el manejo del ganado.
Entre los problemas más comunes identificados, según fuentes oficiales, se encuentran las compraventas ilegales, la falta de marcaje de los animales, la no declaración de nacimientos, así como faltas y muertes que no contaban con la documentación correspondiente.
