Foto: Archivo CN360
Según el subsecretario de Relaciones Exteriores, Nicolás Albertoni, cerca de 20,000 migrantes cubanos en Uruguay están a la espera de su solicitud de refugio, y esta cifra sigue aumentando.
Los medios locales destacan que la situación de los cubanos es distinta a la de otros migrantes, ya que requieren una visa para ingresar a Uruguay. Esto hace que, frecuentemente, opten por la figura del refugio con el fin de regularizar su estatus y poder residir en el país.
En la mayoría de los casos, estas solicitudes de refugio son rechazadas. Por esta razón, Albertoni indicó que su gobierno está implementando dos políticas: una basada en la residencia por arraigo para ciudadanos cubanos y otra en un proceso simplificado de refugio similar al que se aplica a los venezolanos, quienes han presentado aproximadamente 3,800 solicitudes.
En ese sentido, el funcionario comentó: “Cuando solicitan un refugio político es porque realmente lo necesitan”, pero esto no garantiza que se les conceda.
El objetivo de las nuevas normativas es reducir el tiempo de espera, tanto para respuestas positivas como negativas, ya que anteriormente algunos migrantes esperaban hasta dos años por una resolución.
El reclamo más frecuente entre los migrantes cubanos afectados es que no se exija una visa para iniciar el trámite de residencia, pero la respuesta del gobierno uruguayo no ha sido la esperada.
Cifras oficiales indican que unos 5,000 cubanos se encuentran en un “limbo migratorio” en el país. Por un lado, no cuentan con estatus de refugiados y, por el otro, no pueden renunciar a la solicitud de refugio para tramitar la residencia permanente, que les permitiría la reunificación familiar.
A pesar de que en mayo de 2024 se firmó un decreto gubernamental que permitiría a miles de cubanos resolver su situación migratoria, han pasado meses sin que se observe alguna mejora.
Tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores como el Ministerio del Interior de Uruguay han enfatizado que este acuerdo permitirá a los indocumentados legalizarse a través de la «residencia por arraigo”, ofreciendo así un respaldo legal a quienes solicitan refugio y no cumplen con los requisitos para aplicar.
