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A la población en realidad no le importa demasiado si el punto de venta de la esquina es una micro, pequeña o mediana empresa (mipyme), una Cooperativa No Agropecuaria (CNA) o un Proyecto de Desarrollo Local (PDL). Lo que realmente les interesa es encontrar lo que buscan y, de paso, al menor costo posible.
A pesar de las similitudes en cuanto a atribuciones y alcance, estos actores económicos que coexisten en el panorama financiero cubano presentan profundas diferencias, tanto establecidas en la ley como evidentes en la práctica.
Las mipymes y las CNA son entidades económicas de carácter empresarial, constituidas por una persona —en el caso de la empresa unipersonal— o un grupo de personas que se asocian voluntariamente y aportan capital, bienes y derechos para satisfacer las necesidades de sus propietarios y de interés social.
Por otro lado, un PDL es una inversión a diferente escala que tiene como objetivo resolver un problema social o económico concreto de la comunidad en la que se desarrolla y, por ende, se inserta de manera orgánica en la estrategia de desarrollo diseñado por el municipio, según expertos de la Universidad de La Habana.
A pesar de los esfuerzos y de los objetivos altruistas, ninguna de estas formas de gestión ha logrado hasta ahora satisfacer completamente las necesidades de productos, servicios o empleos que plantea el escenario social de la isla. Sin embargo, sí contribuyen a aliviar ciertas carencias que, de no ser por estas iniciativas, intensificarían la crisis que enfrenta el país.
Tanto las mipymes como las cooperativas tienen personalidad jurídica y atribuciones similares, pero se diferencian en las formas de propiedad: mientras que en la CNA todos los socios son propietarios, la compensación depende del trabajo aportado y las decisiones se toman de manera conjunta, las mipymes —privadas en su mayoría— responden a intereses individuales, y son los dueños quienes deciden aspectos tan relevantes como la contratación de trabajadores y los salarios que les pagan.
En lo que respecta a tributos y bonificaciones fiscales, radica otro de los grandes contrastes entre mipymes y cooperativas, ya que la carga impositiva es menor en estas últimas, que solo pagan impuestos por el uso de la fuerza laboral y contribuciones a la seguridad social al contratar personal.
En cuanto a fuentes de financiamiento, los PDL tienen múltiples ventajas, ya que manejan un amplio abanico de oportunidades que incluye contribuciones territoriales para el desarrollo local, fondos gubernamentales de diversas categorías, cooperación internacional y el presupuesto del Estado, entre otros, según los documentos rectores de este modelo de gestión.
En la más reciente sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, celebrada en diciembre, el primer ministro Manuel Marrero afirmó que el municipio debe ser el escenario natural donde se determine la cantidad y naturaleza de los actores económicos. Con esto, se anunció que la responsabilidad de la aprobación de las mipymes pasaría, del Ministerio de Economía y Planificación —que las había estado autorizando hasta ahora—, a los Consejos de Administración Municipal.
Esta medida es, sin duda, un indicativo de descentralización en la toma de decisiones que podría beneficiar al territorio y evitar la elevada concentración de algunos tipos de negocios en regiones específicas, mientras que en otras apenas surgen nuevas iniciativas.
Durante una presentación ante la Comisión de Servicios del parlamento, la viceministra de Economía y Planificación, Johana Odriozola, presentó un informe sobre el funcionamiento de las formas de gestión no estatal, en el cual advirtió sobre la escasa integración efectiva de estas en las Estrategias de Desarrollo Municipal.
“Esto sugiere que los actores no estatales no se encuentran adecuadamente integrados o alineados con los planes y objetivos de desarrollo local, lo que podría limitar su contribución al desarrollo económico y social del municipio”, explicó Odriozola, como si hubiese descubierto algo novedoso en este contexto.
La controversia sobre las formas de gestión no estatal en Cuba, sus prerrogativas y las “distorsiones” con las que fueron concebidas ha superado ampliamente los debates de la Asamblea Nacional, que apenas han tenido en cuenta la opinión del pueblo, y se discute a diario en los barrios, donde un simple punto de venta —sea del actor económico que sea— ofrece los bienes y servicios que el Estado cada vez está más lejos de garantizar a sus ciudadanos.
