Foto: Chip Somodevilla | Shutterstock
Con poco más de 10 días transcurridos desde el inicio de la administración de Trump, ya se perciben los efectos de su política restrictiva hacia Cuba. No cabe duda de que comenzará a deportar migrantes, cerrar fronteras con México e imponer sanciones no solo a Cuba, sino a varios países de la región.
A pesar de que la Isla había experimentado cierta flexibilización durante la administración saliente de Joe Biden, a Trump no le ha resultado relevante dicho “avance”, por lo que ha reinstaurado sanciones económicas y migratorias que buscan desamparar aún más la economía cubana, restringiendo, en particular, el acceso del gobierno cubano a divisas.
Ayer, el Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, emitió un comunicado al respecto, cuyos lineamientos marcan un endurecimiento en la política estadounidense hacia el gobierno de Díaz-Canel. El objetivo, en este sentido, es cortar las fuentes de financiamiento del régimen y limitar su influencia en la región.
Apenas unas horas después de su toma de posesión, el 20 de enero de 2025, Donald Trump volvió a incluir a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, revocando así la decisión de Biden de excluirla. Esto, sin duda, conlleva sanciones financieras, restricciones en las transacciones internacionales y un mayor aislamiento en el sistema bancario global.
El mismo día, también ordenó la eliminación del programa de parole humanitario, que permitía la entrada legal a EE. UU. mediante permisos de residencia temporales para ciudadanos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití, dejando en un estado de incertidumbre a más de medio millón de personas que ya habían sido aprobadas o se encontraban en proceso de solicitud.
Por si fuera poco, Trump ha dejado claro su intención de usar la base naval de Guantánamo como centro de detención temporal para unos 30,000 inmigrantes catalogados como «alto riesgo» por las autoridades estadounidenses, una propuesta muy criticada por organizaciones de derechos humanos debido a que revive políticas de detención masiva.
El 31 de enero se anunció la reincorporación de varias entidades cubanas a la lista de empresas restringidas, especialmente aquellas gestionadas por el conglomerado militar GAESA, lo que prohíbe a ciudadanos y compañías estadounidenses llevar a cabo transacciones con empresas vinculadas a las fuerzas armadas cubanas.
En este contexto, se reactivaron las sanciones a Orbit S.A., la empresa del gobierno cubano encargada de gestionar las remesas desde el exterior, bajo la dirección de GAESA, impidiendo que agencias estadounidenses, como Western Union, realicen transacciones de cualquier tipo.
Aunque el principal objetivo de Estados Unidos es detener el flujo de dinero que llega al gobierno comunista, las medidas impactan a la población cubana, que se verá obligada a buscar métodos alternativos, generalmente más costosos y peligrosos, para mantener la ayuda económica de sus familiares en el extranjero.
Todas las subvenciones y financiamiento federal a programas de ayuda exterior también se pretenden suspender, dejando en duda a muchas organizaciones no gubernamentales y medios independientes en Cuba que dependen de estos fondos. Aunque una jueza federal bloqueó temporalmente esta medida, no se descarta su implementación en cualquier momento.
