Foto: RL Hevia
Desde que tengo memoria, los apagones han sido una constante en Cuba; varían en intensidad según la región, pero siempre con un nombre. Recientemente, se ha intentado modificar la terminología para “suavizar” la percepción de la crisis energética que afecta a la Isla, implementando algunas medidas en los sectores económicos, aunque no de manera oficial.
En La Habana, por ejemplo, una noticia publicada en un medio nacional introdujo el término “apagones solidarios”, que en su momento generó una gran controversia entre los cubanos, especialmente entre aquellos que residen fuera de la capital.
Este es un intento de presentar la situación a la población, ya que en las instituciones estatales la política siempre ha sido desconectar todo lo posible para minimizar el impacto en el sector residencial, sin considerar las interrupciones en el trabajo o las repercusiones en la economía y la producción.
Recientemente, un nuevo decreto aprobado en la Isla y publicado en la Gaceta Oficial ha reconocido un “régimen especial de contingencia eléctrica” que se activa cuando el Sistema Electroenergético Nacional no puede satisfacer la demanda del sistema debido a la insuficiencia en la capacidad de generación. Esto implica que el servicio eléctrico debe ser afectado de forma planificada y sostenida por más de setenta y dos horas.
La norma establece que la aprobación debe ser realizada con antelación por el Consejo de Ministros dentro de un plazo de 48 horas, y el ministro de Energía y Minas está encargado de notificar a los organismos de la Administración Central del Estado y a los gobiernos provinciales del Poder Popular en un plazo de 24 horas.
De acuerdo con este nuevo régimen, se deberán paralizar los hornos eléctricos y los sistemas de climatización durante las horas pico, desconectar frigoríficos, equipos de refrigeración y cámaras frías, detener los bombeos para riego, mantener los sistemas de climatización a una temperatura igual o superior a 25 grados Celsius, reducir la iluminación al 50% de su capacidad instalada, desconectar el alumbrado público y apagar los equipos eléctricos y electrónicos al finalizar la jornada laboral.
Estas medidas son obligatorias para todos los actores, tanto estatales como privados, considerados o no altos consumidores, y en caso de incumplimiento, se enfrentarán a multas de hasta 20,000 pesos cubanos.
La oficialización de esta medida indica que la situación del SEN sigue siendo crítica, más allá del intento del Gobierno de evitar un colapso adicional por falta de generación eléctrica, y con la implementación de este “régimen”, ya no habrá límites para continuar con los apagones en Cuba.
