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Texto: Fede Gayardo
Tres organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes han presentado una demanda legal en contra de la revocación del programa de parole humanitario dirigido a ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
La Red UndocuBlack, la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) y CASA, de Maryland, con el apoyo legal del Centro de Acción por la Justicia, han interpuesto este recurso ante un tribunal federal en el Distrito de Columbia, EE.UU.
Los demandantes argumentan que esta medida viola “el debido proceso migratorio al ordenar la expulsión rápida de miles de beneficiarios sin la oportunidad de escuchar su caso ante un juez de inmigración”.
Un informe de la cadena Univisión citó el texto de la demanda, en el que se señala que el recurso se interpuso para representar “a aquellos a quienes se les otorgó la libertad condicional en un puerto de entrada fronterizo, a través de la Operación Aliados Bienvenidos, o que fueron patrocinados por el programa de libertad condicional humanitaria para Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela”.
La administración de Donald Trump revocó, la semana pasada, el estatus migratorio de alrededor de 530,000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, quienes habían sido admitidas en el país entre el 5 de enero de 2023 y el 20 de enero de 2025.
Estos beneficiarios tenían un permiso para residir en el país y podían solicitar una autorización para trabajar por un periodo de dos años. Durante este tiempo, debían encontrar otra forma legal de regularizar su situación; si no lo lograban, debían abandonar el territorio estadounidense.
Con la publicación en el Registro Federal del 25 de marzo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) otorgó una prórroga de 30 días –hasta el 24 de abril– para que los afectados puedan justificar legalmente su permanencia, ya sea a través de asilo, peticiones familiares, ofertas de empleo o solicitando la Visa U o T; de lo contrario, se espera que sean removidos “de manera expedita”.
Después de presentar la demanda, Angélica Salas, directora ejecutiva de CHIRLA, declaró que “nuestras comunidades (cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos) hicieron todo lo que el gobierno federal bajo Joe Biden les solicitó para tener la oportunidad de comenzar una nueva etapa en EE.UU.”
Además, añadió que “en lugar de cumplir con su parte del compromiso, el gobierno federal quiere expulsarlos sin siquiera una audiencia”, afirmando que “los miembros de la comunidad a quienes servimos merecen la dignidad de un día en la corte, y presentamos esta demanda para garantizar que la reciban”.
Por su parte, Patrice Lawrence, directora ejecutiva de UndocuBlack, afirmó que “los seres humanos no somos desechables, y nuestros derechos no desaparecen por ser inmigrantes”.
En tanto, Nick Katz, asesor general de CASA, comentó que “ya sea atacando la ciudadanía por nacimiento, secuestrando a venezolanos y obligándolos a trabajar en campos de trabajo en El Salvador, o despojando a personas de su estatus migratorio, la administración Trump ha demostrado una falta de consideración por nuestras comunidades”.
Este litigio es una respuesta de las organizaciones frente a políticas migratorias que, según los demandantes, vulneran derechos fundamentales y ponen en riesgo la dignidad de miles de personas, marcando un capítulo crucial en el debate sobre la justicia migratoria en EE.UU.
