Foto: Roy Leyra
El Ministerio de Salud Pública de Cuba (MINSAP) ha decidido prohibir el ejercicio de la profesión y separar del sector salud a los profesionales sanitarios involucrados en la muerte de dos niños, ocurrida tras la administración de un tratamiento de Ampicilín el 7 de abril en la sala de neonatología del hospital “Dr. Agostinho Neto” en Guantánamo.
A aquellos funcionarios responsables de violar las normas establecidas en estos casos se les impusieron medidas administrativas.
El medicamento también fue administrado a otros cuatro niños; de ellos, dos presentaron un estado crítico del cual lograron recuperarse, mientras que los demás no mostraron síntomas tras la inyección.
Las autoridades sanitarias formaron una comisión para investigar los sucesos, la cual concluyó que “el cuadro clínico que presentaron los niños no estaba relacionado con sustancias tóxicas contaminantes ni con problemas de calidad del medicamento utilizado”.
El reporte también indicó que “la conducta terapéutica seguida con los niños estaba justificada, dado que eran neonatos pretérminos de bajo peso con enfermedades asociadas”.
Los dos fallecimientos y la gravedad del estado de los niños se atribuyeron a un “cuadro infeccioso sobreagudo” y a “violaciones durante el proceso de preparación del medicamento”, según señala la nota.
El MINSAP comunicó que se informaron a los familiares de los niños acerca de los detalles de la investigación.
“El Ministerio de Salud Pública lamenta profundamente este triste suceso y asegura a nuestro pueblo que se han tomado las medidas necesarias para evitar que incidentes como este se repitan en el país”.
Este trágico acontecimiento ocurrió a menos de dos años de la muerte de la bebé Paloma, ocurrida el 11 de octubre de 2019, por síndrome de shock tóxico debido a la bacteria Estafilococo aureus, de la que se contaminó por violaciones sanitarias realizadas por la enfermera que le administró la vacuna PRS (Paroditis, Rubéola y Sarampión) en el policlínico “Betancourt Neninger” en el municipio de La Habana del Este, como parte de la campaña de vacunación infantil contra dicha enfermedad.
La enfermera fue inhabilitada para ejercer en el sistema de salud cubano y sometida a un juicio, cuya sentencia se anunció debería hacerse pública el 22 de octubre de 2020, pero cuyo resultado aún se desconoce.
