Prohibición de clínicas veterinarias privadas en Cuba | Noticias 360 sobre Cuba

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Opiniones de los animalistas…

Fotos: Cortesía de VESPA

Texto: Viviana Díaz

El 29 de enero de 2021, fue publicado en la Gaceta Oficial el Decreto 20/2020, que aborda las contravenciones en la Medicina Veterinaria en Cuba, junto a dos resoluciones del Ministerio de la Agricultura que regulan el código de ética y funciones de estos profesionales en el país. Como resultado, queda explícitamente prohibido que los veterinarios cubanos ofrezcan servicios asistenciales de manera independiente.

En realidad, dentro de las actividades permitidas para el sector privado en la isla, no se incluía la figura del médico veterinario, permitiéndose solamente acciones relacionadas con el aseo y la estética canina. Sin embargo, no había una prohibición específica para ejercer como veterinario, situación que este decreto cambia al establecer una restricción clara.

El artículo 5 de este documento clasifica como contravenciones la práctica “por cuenta propia del ejercicio de la profesión de medicina veterinaria o en caso de estar inhabilitado para ejercerla”.

El debate generado por esta nueva normativa ha cobrado fuerza en las redes sociales, impulsado por las legítimas preocupaciones del movimiento animalista en la isla, que hasta ahora ha sido el único defensor del bienestar animal en Cuba.

Javier Larrea, director general de la revista El Refugio, critica la medida en su página de Facebook, argumentando en contra de esta decisión gubernamental:

“Primero, porque el sistema estatal cubano de servicios veterinarios ha demostrado no tener la capacidad para satisfacer adecuadamente las necesidades de la población ni para ofrecer servicios veterinarios de calidad”.

Según Larrea, las clínicas estatales, como la ubicada en la avenida Carlos III en La Habana, carecen de suficientes recursos, incluyendo vacunas, medicamentos y medios de diagnóstico, lo que impide brindar un servicio óptimo. Como resultado, los dueños de mascotas recurren a veterinarios privados, quienes disponen de los recursos necesarios para atender la salud de sus animales.

“Pero hay más: en ocasiones, los propios veterinarios de las clínicas estatales compran medicamentos por su cuenta para poder ofrecer algún tipo de atención a los pacientes, o los venden a quienes los necesiten a un precio similar al fijado por el Estado en las tiendas de productos para mascotas (que antes trabajaban con CUC). Esta situación refleja la grave escasez de recursos”, añadió.

Por su parte, la internauta Claudia Rodríguez califica el nuevo decreto como una “ley absurda e insensible”, un “sinsentido”.

“Al prohibir a los veterinarios ejercer de forma privada (bajo el riesgo de altas multas o de perder su licencia sanitaria), están condenando a la muerte a muchas mascotas. Las clínicas estatales no tienen los recursos ni las condiciones necesarias para atender al número de animales que tendrán que recibir a partir de ahora. Además, hay muy pocas y para muchos dueños que viven lejos de ellas, será imposible llegar a tiempo en situaciones de emergencia”, afirmó.

Beatriz Batista, otra voz comprometida con la defensa de los animales en la isla, destaca la labor de los veterinarios privados en la lucha diaria por garantizar los derechos mínimos de los animales, ya que actualmente no existe una ley de protección animal en Cuba.

“No es un secreto que los animalistas, junto con los veterinarios particulares, han salvado vidas y han contribuido a mejorar la situación de las calles de Cuba mediante esterilizaciones”, expresó en su publicación de Facebook.

Asimismo, denunció “la mediocridad de la veterinaria estatal, la falta de recursos y la precariedad de las clínicas existentes”.

Finalmente, las nuevas disposiciones del Consejo de Ministros junto al Ministerio de Agricultura, lejos de resolver, provocan un problema que lamentablemente costará vidas de animales en todo el país. Con el tiempo, esto se hará evidente.

Por ello, el movimiento animalista hace un llamado a la reflexión y a la reconsideración de esta medida.

“Lo que pedimos al Estado es que regule los servicios veterinarios por cuenta propia, no que los prohíba, ya que han demostrado su importancia y utilidad. ¡La población los necesita!”

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