Texto: Hugo León
Foto: Andrew Harnik | Shutterstock
Edward Chen, juez federal de distrito en San Francisco, ha decidido suspender temporalmente la medida que ponía fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para un gran número de venezolanos. Esta determinación representa un alivio inmediato para 350,000 ciudadanos cuya permanencia legal en Estados Unidos expiraría el próximo 7 de abril, así como para otros 250,000 que tenían su estatus por finalizar en septiembre.
De acuerdo con información de medios internacionales, el juez emitió una rigurosa resolución de 78 páginas en la que suspendió, de forma cautelar, la decisión realizada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
Esta acción, con impacto a nivel nacional, es resultado de una demanda presentada por abogados de la Alianza Nacional TPS y por los afectados que actualmente disfrutan del estatus de protección temporal en todo el país. Además, se le ha otorgado al Gobierno una semana para que presente una notificación de apelación.
“El tribunal considera que la acción de la secretaria amenaza con: infligir un daño irreparable a cientos de miles de personas cuyas vidas, familias y medios de subsistencia se verán gravemente perturbados; costará miles de millones de dólares a la actividad económica de Estados Unidos y perjudicará la salud y la seguridad públicas en comunidades de todo el país”, expresó Chen en la parte dispositiva de su resolución.
El juez subrayó que el Gobierno no pudo identificar ningún daño compensatorio real que se derivara de la continuidad del TPS para los beneficiarios venezolanos, y que los demandantes demostraron que probablemente tendrán éxito en evidenciar que las acciones de la secretaria de Seguridad Nacional no están respaldadas por la ley, son arbitrarias y caprichosas, y están impulsadas por una animadversión inconstitucional.
“Por estas razones, el Tribunal ha concedido la solicitud de los demandantes para posponer las acciones impugnadas hasta que se resuelva definitivamente el fondo de este caso”, añadió.
Chen calificó la decisión de revocar el TPS como una acción sin precedentes, un movimiento que ninguna administración anterior había tomado en los 35 años de existencia del programa y que Noem realizó 3 días después de asumir el cargo.
Destacó que la eliminación del estatus parece fundamentarse en estereotipos negativos que descalifican a toda la comunidad, cuando en realidad existe un historial que demuestra que los beneficiarios venezolanos del TPS poseen un nivel de educación superior al de la mayoría de los ciudadanos estadounidenses, cuentan con altas tasas de participación laboral, generan casi todos sus ingresos personales, contribuyen anualmente con miles de millones de dólares a la economía estadounidense y pagan miles de millones en impuestos de seguridad social.
“Además, tienen tasas de criminalidad más bajas que la población general de Estados Unidos”, señaló.
¿Qué es el TPS y qué pasó con él?
En 1990, el Congreso de Estados Unidos aprobó la ley que establece el TPS para evitar deportaciones hacia países que enfrentan desastres naturales o conflictos civiles.
Este estatus permite a los beneficiarios vivir y trabajar en los Estados Unidos por periodos de hasta 18 meses, siempre que el encargado del Departamento de Seguridad Nacional considere que las condiciones en sus países de origen son inseguras para su retorno.
Entre los países que cuentan con este programa se encuentran Afganistán, Camerún, El Salvador, Etiopía, Haití, Honduras, Líbano, Nepal, Nicaragua, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Siria, Ucrania, Yemen y Venezuela.
A finales de enero, la administración de Donald Trump anunció la cancelación de la extensión del TPS, la cual había sido firmada por el antecesor de Noem el 17 de enero, tres días antes de la transición de poder en Washington.
Dicha extensión implicaba que los venezolanos beneficiarios: aquellos que lo recibieron en 2023 podían mantenerlo hasta octubre de 2026, mientras que aquellos que lo obtuvieron en 2021 debían volver a registrarse para extender su vigencia hasta octubre de 2026.
En una audiencia celebrada el lunes de la semana pasada, los abogados de los beneficiarios del TPS argumentaron que la Secretaria de Seguridad no tenía la autoridad para cancelar las protecciones, indicando que sus acciones estaban influenciadas, en parte, por el racismo.
Asimismo, solicitaron la suspensión de las órdenes de Noem, alegando el daño irreparable que enfrentan los titulares del TPS, quienes luchan contra el temor a la deportación y la potencial separación de sus familias.
