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El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha declarado que requiere la suma de 8 millones de dólares para enviar inmigrantes indocumentados a otros estados, preferentemente aquellos gobernados por demócratas.
Como parte de una serie de acciones que DeSantis ha tomado en contra de los inmigrantes no autorizados, ha solicitado fondos a la Legislatura de Florida para su transporte hacia estados dirigidos por el otro partido político.
Según ha explicado, el objetivo de estas medidas es frenar la inmigración y distanciarse de las políticas de la Administración Biden al respecto. Anteriormente, el gobernador destinó más de 1.6 millones de dólares para enviar agentes estatales de Florida a patrullar la frontera entre Texas y Arizona con México, en respuesta a la solicitud de apoyo de los gobernadores Gregg Abbot y Doug Ducey ante la ola récord de inmigrantes durante el verano.
De esta manera, DeSantis ha manifestado: «Una de nuestras prioridades en las que hemos estado trabajando durante muchos meses, y en la que continuaremos trabajando con la Legislatura cuando regresen [de su receso], es abordar las consecuencias de las imprudentes políticas fronterizas de la Administración Biden», afirmó en una conferencia de prensa en Jacksonville.
Para financiar su propuesta de invertir 8 millones de dólares en esta iniciativa, se utilizarían los intereses generados por los bonos del tesoro federales, junto con una serie de proyectos de ley que ha intentado impulsar en la Legislatura y que considera un camino para combatir la política fronteriza de Biden.
Se conocen pocos detalles sobre su plan para rastrear y trasladar a los inmigrantes, pero mencionó que el Gobierno de Florida contrataría empresas para llevar a cabo el transporte. Uno de los destinos sería Delaware, el estado natal de Biden.
Sin embargo, su propuesta ha enfrentado críticas que argumentan que estas medidas poseen una naturaleza política, dirigidas a su posible candidatura presidencial en 2024. Las acciones que ha implementado y propuesto podrían tener un impacto negativo en los derechos humanos de miles de inmigrantes; no obstante, la Legislatura de Florida debe autorizar el financiamiento de este programa y sus reglas de operación.
