Foto: Cuba Noticias 360
En medio de una de las crisis sociales más profundas que enfrenta Cuba, incluso superior a la de los años más difíciles del periodo especial, el Gobierno ha oficializado la disolución del Instituto Nacional de Seguridad Social, organismo subordinado al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, así como de sus filiales provinciales y municipales.
Publicado en la Gaceta Oficial, esto implica que ahora será el propio Ministerio quien asuma «la función de controlar la aplicación y efectividad de la protección de la seguridad social y la dirección metodológica de los procesos relacionados con dicha materia».
A pesar de que la noticia fue anticipada en 2024, cuando en el Consejo de Estado se anunció el Decreto Ley 95 que regula esta norma, la situación social en Cuba ha empeorado desde entonces.
Es necesario analizar si la reducción de estructuras administrativas –similar a lo que hicieron Donald Trump y Elon Musk– se alinea con la creciente necesidad de asistencia y seguridad social en medio de un preocupante envejecimiento de la población en la Isla.
En reacción a esta medida, algunos internautas mencionaron que «es inconcebible que en la actual y compleja situación, los ingresos del presupuesto se distribuyan en una proporción de 10 a 1 entre la administración pública y la producción agrícola».
Sin embargo, también hay quienes defienden el trabajo del INASS, argumentando que su eliminación sería un error y que lo correcto sería «perfeccionar sus métodos, procedimientos y funciones, pero no extinguirlo, ya que eso complicaría aún más los procesos de su gestión y generaría malestar en la población en general».
El INASS tenía como objetivo «garantizar el servicio a la población beneficiaria de la seguridad social, supervisar la correcta planificación, administración y control de los gastos de seguridad social, así como de los recursos materiales y humanos destinados a tal fin».
Sin su presencia, persisten muchas dudas entre aquellos que iniciaron sus trámites de jubilación y que se han visto «atrapados» en el burocratismo asociado a los procedimientos requeridos, así como en otros trámites relacionados con la asignación del presupuesto destinado por el Estado cubano a la seguridad social. O al menos, sobre el papel, ahora será el Ministerio quien se encargue de ello.
