Foto: RL Hevia
El Gobierno cubano anunció, a través de las palabras de Eduardo Rodríguez, ministro de Transporte, una nueva política destinada a la comercialización de vehículos en la Isla. Esta medida parece paradójica, dado el contexto de crisis de combustible que atraviesa el país y su enfoque limitado a unos pocos.
No obstante, el ministro destacó que esta iniciativa “ayudaría” a modernizar el parque vehicular en la Isla, mejoraría la seguridad vial, estimularía la producción y fomentaría un mayor uso de vehículos con energías limpias, facilitando así nuevos medios de transporte para la sociedad.
Entre las novedades más significativas, se incluye el hecho de que finalmente las personas que tienen misiones en el exterior podrán importar vehículos una sola vez; una solicitud que ha sido reclamada durante años y que, según lo anunciado, no tomará en cuenta a quienes ya han cumplido con esas misiones y aún no han logrado adquirir un automóvil propio.
Otra de las incorporaciones permite que las personas importen ciclomotores y motocicletas de combustión de baja cilindrada (250 cc), con o sin sidecar, ya sea mediante la vía de pasajeros o por envío. También se autoriza la importación de triciclos eléctricos con capacidad superior a dos plazas o de carga, destacando la preferencia por aquellos equipados con paneles solares que gozarían de beneficios arancelarios.
Asimismo, se mantiene la importación directa por parte de las personas naturales de ciclomotores y motocicletas eléctricas bajo las condiciones actuales.
Por otro lado, se prosigue con la importación y comercialización de vehículos en divisas convertibles, ajustando los precios de venta de modo que no variarán si el comprador es una persona jurídica o natural, siendo los precios inferiores para esta última.
Sin embargo, los aranceles, servicios de aduana e impuestos se estipularán en divisas convertibles.
A pesar de que las personas jurídicas estatales necesitan una autorización del Consejo de Ministros para transferir la propiedad a una entidad no estatal, la nueva política establece la transmisión de la propiedad entre personas naturales y jurídicas, excepto para las diplomáticas extranjeras.
De igual modo, los vehículos en buen estado técnico que quedan disponibles en el mercado cubano, incluyendo aquellos que terminan su explotación en el turismo, serán comercializados en moneda nacional.
El impuesto especial por la venta de vehículos se ajusta y generaliza, variando desde un 35% del valor total de venta en divisas convertibles para los vehículos de gama alta, hasta no aplicarse en el caso de los vehículos eléctricos ensamblados en Cuba.
Se especificó que una persona natural o jurídica puede adquirir hasta seis vehículos en un plazo de cinco años, mientras se ajusta el criterio del impuesto progresivo en divisas convertibles en función de la cantidad de vehículos que adquiera una persona natural o jurídica, a partir del tercer vehículo de las categorías motocicleta, auto y auto rural.
Además, se autoriza la comercialización en moneda nacional de vehículos enteros que resulten en baja técnica en la renta del turismo y que puedan ser recuperados por los compradores interesados.
Esta medida busca mitigar el hecho de que solo beneficie a unos pocos, defendiendo que los resultados se utilizarán para recaudar fondos con el fin de mantener y desarrollar el casi inexistente transporte público de pasajeros, así como las infraestructuras y estaciones de carga basadas en energía de fuentes renovables.
Sin embargo, esta política podría acentuar las desigualdades dentro de la sociedad. Sería ingenuo pensar que la comercialización o importación de automóviles para unos pocos pueda, como se espera desde el Ministerio, resolver la crisis actual para quienes no pueden aspirar a poseer un carro.
