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Desde hace meses, los cubanos enfrentan un problema creciente. La crisis de efectivo se ha hecho evidente en un país que aún carece de las condiciones necesarias para digitalizar todas sus operaciones. Además, se imponen multas a los negocios que no acepten transferencias bancarias a través de las diferentes pasarelas de pago, como parte del proceso de bancarización promovido por el gobierno.
La situación es tan preocupante que, por ejemplo, el Banco de Crédito y Comercio de la provincia de Sancti Spíritus ha decidido no abastecer los cajeros automáticos de la sucursal principal debido a la escasa disponibilidad de efectivo. Fuentes cercanas a la entidad han afirmado que esta medida se extenderá a otros municipios de la localidad central.
Luis Francisco Castro Díaz, gestor de negocios de BANDEC en la región, respondió en una emisora local que aquellos que deseen retirar dinero de su tarjeta magnética deberán acudir al servicio de caja dentro de la propia sucursal, donde podrán extraer hasta 5.000 pesos.
Castro Díaz señaló: “Es posible que hoy sean 5.000 porque esa es la disponibilidad que tenemos para abastecer a la mayor cantidad de clientes posibles. Quizás mañana tengamos una mayor disponibilidad de efectivo y podamos ofrecer más”.
En este contexto, dejó claro: “Es realmente alarmante, y no tiene sentido seguir imprimiendo dinero cuando no hay un respaldo en bienes y servicios”, atribuyendo, como es habitual, la falta de divisas en el país al bloqueo estadounidense.
Además, comentó sobre las limitaciones que enfrenta el proceso de impresión, que incluyen el papel, los pigmentos y las propias maquinarias necesarias para producir dinero, las cuales deben ser importadas.
A pesar de que desde agosto pasado se promueve un proceso de “bancarización” para facilitar el pago electrónico, el Banco Central de Cuba (BCC) ha declarado que, al cierre de 2023, el 30% de las transacciones aún se realizaban en efectivo.
El uso del efectivo sigue siendo la norma en las transacciones internas, y según el informe anual del BCC, persiste la resistencia de los proveedores de bienes y servicios a aceptar pagos mediante medios electrónicos. Asimismo, continúan las deficiencias en las medidas organizativas y de control por parte de los reguladores y los actores económicos.
